Federal de la legislación que exige

Podría decirse que fue la cumbre de la legislación de la Era Progresista, si bien la ley tenía deficiencias, deja brechas en los productos que cubrió más muchos otros que dejó intactos, y ... cina local de la División de Horas y Salarios. Estipulaciones sobre salarios inferiores al mínimo La Ley permite el empleo de ciertos empleados a ta-sas de pago inferiores a la que exige la Ley. Entre es-tos empleados se incluyen a estudiantes-aprendices (estudiantes de escuelas vocacionales) así como a LEY FEDERAL DEL TRABAJO CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 02-07-2019 3 de 317 VII. Correr traslado: poner a disposición de alguna de las partes algún documento o documentos en el local del Tribunal, salvo los casos previstos en esta Ley. Se trata de la norma que aprueba el traslado de la Federal a la órbita de la Ciudad, que se concretó en 2016. De aprobarse el texto que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el ministro del Interior Eduardo de Pedro y del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Seguridad Sabina Frederic, el distrito que gobierna Horacio ... La Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos—que otorga autoridad a la FDA para trabajar en la protección a los consumidores—exige que las etiquetas que contienen los productos ... Al igual que en la mayoría de los países en la actualidad, la Legislación de México se fundamenta en los principios de democracia, seguridad, libertad y justicia del Estado, para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos.. Una Constitución constituye la norma suprema en la que se basa el ordenamiento de una nación. Ley Federal del Trabajo Federal Artículo 3o. El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. La legislación de Schrier crearía un estándar uniforme requerido por el gobierno federal que todas las aseguradoras cubren el costo total de las pruebas COVID-19. La legislación obligaría a los pagadores comerciales que venden cobertura de atención médica individual o grupal bajo la Ley de Atención Asequible, incluidos los planes ERISA ...

Para parar la escalada hacia la violencia, elecciones simultáneas generales y catalanas

2017.10.17 20:12 Espartaco17 Para parar la escalada hacia la violencia, elecciones simultáneas generales y catalanas

Además de la ruta Mas Collel(independencia diferida dos años para resolver problemas prácticos de la viabilidad del nuevo Estado) y la ruta Convergencia clásica(negociación opaca del cupo dentro del Estado, coaccionando con la amenaza de secesión que no se quiere realmente), emerge ahora con cierta fuerza(ya veremos si prospera) una tercera ruta, llamémosla ruta cupera o "de diálogo nada de nada, al enemigo ni agua.no se puede negar que así no engañan a nadie, son transparentes y coherentes, quienes pretenden adelantar el escenario "esloveno" dos años y aplicar la independencia ya, inmediatamente, y empezar a fundarla con una táctica de extrema tensión callejera, desafiando y provocando a las fuerzas de seguridad, con la intención, nada improbable, de que acaben desmandándose y provocando muertos, que obligarían a la UE a intervenir de inmediato para frenar una inminente sangría de grandes proporciones.
la CUP no son políticos profesionales, fríos y calculadores, hechos de trucos, dobleces, engaños y disimulos.Pero lo que tienen de honestos lo tienen también de fantasiosos y alucinados, un infantilismo tétrico que sustituye la realidad por la afirmación incondicionada del principio de placer y la creencia en la omnipotencia de los propios deseos.
En la CUP creen de verdad(pero también sigue siendo el discurso oficial del procesismo, como ha declarado hoy el portavoz del Govern, que no habrá rendición, ni un paso atrás, y el compromiso con el mandato del pueblo en el Referéndum es absoluto;otra cosa es la sinceridad real que haya en estas palabras , podría tratarse de propaganda para los adeptos más exaltados, mientras buscan desesperados un arreglo con el Gobierno central que les permita salvar la cara con sus masas enfurecidas e impacientes despúes de tantas promesas y tanta épica embriagadora), cree la CUP, decía, que el pacífico acto de libre expresión del 1-O, fue realmente un referéndum vinculante en el que se pronunció formalmente la voluntad general del Pueblo catalán por la Independencia, es decir, la fuente viviente de legitimidad del nuevo Estado.
Pero esto es una barbaridad de tal calibre, que resulta difícil exagerar su gravedad.Primero, para que una votación pueda contar como "voz del pueblo unificado"ha de efectuarse conforme a un método, y a unas reglas y normas pactadas entre todas las fuerzas políticas organizadas que se disputan entre sí la hegemonía y la portavocía popular.Se pronunció sólo una exigua minoría de dos millones, en una consulta ilegal, sin censo oficial, sin interventores pluripartidistas, representando todas las ideologías relevantes socialmente, y sin verificación posible fiable de resultados, que además violó en su proclamación, la propia ley de transitoriedad aprobada con fraude por los separatistas en el Parlament, ya que no fueron anunciados por la Sindicatura Electoral disuelta por el mismo Govern. En fin, como ha dicho un ex-consejero del Gobierno Mas, "el proces entero es una chapuza jurídica".Es decir, se han situado a sí mismos en una esfera superior arbitraria de legitimidad, la de un mítico Pueblo Catalán, que jamás ha existido como sujeto autónomo de soberanía, en el sentido de nación política posrevolucionaria, y desde allí no se someten a ningún control normativo regular y previsible, sino que improvisan las decisiones según sople el viento del espíritu popular que les comunica, sólo a ellos, sus decisiones, que son omnipotentes, incluso para borrar de un plumazo otras decisiones suyas previas.
El resultado es que en Cataluña hoy no existe la seguridad jurídica, que es el entorno fundamental que requieren las empresas financieras o reales para planificar sus inversiones, ventas y gestiones de todo tipo.Por eso los inversores huyen, se desploman las acciones de las empresas cotizadas, o los bancos sufren retiradas masivas de depósitos con amenaza de quiebra.la estampida de empresas es provocada por el funcionamiento descentralizado de los mecanismos capitalistas básicos de las empresas, cuya gobernanza actual privilegia la maximización del valor del accionista, el norte de la gestión ejecutiva, del que depende las remuneraciones básicas de los Consejos de Administración.Atribuir este fenómeno sistémico a la mano negra del Gobierno central o es pura propaganda de cara ala galería, o quien se lo crea de verdad adolece de una ignorancia completa del juego real de fuerzas que configura el mundo, y traza límites a todos los proyectos, la ignorancia de los límites que pone el mundo a nuestros deseos es el infantilismo más delirante que dirige los programas políticos,derechitos hacia su autodestrucción.
Los cuperos y otros fanáticos independentistas incurren en un pensamiento "aureolar", es decir, que sus fantasías narcisistas absurdas se les aparecen en la mente nimbadas de aureolas resplandecientes, como en la apariciones de figuras religiosas a los creyentes.Desde la imaginación de la República catalana ya realizada, como Arcadia de la felicidad absoluta, sin divisiones ni intereses conflictivos, sin desigualdad y sin injusticia(y, por tanto, sin agentes ni instituciones reales), miran retrospectivamente al pasado, y pueden calificar entonces al Referéndum ficticio como momento originario fundante, como fuente viva y permanente de la legitimidad del nuevo Régimen.
Pero no es el exámen de los rasgos objetivos del referéndum lo que permite extraer de él ninguna legitimidad para la secesión ni la fundación de un Estado nuevo, sino, al revés, es porque se lo está mirando desde la perspectiva ilusoria de un futurible (que ni siquiera es una posibilidad objetiva proyectable sobre la bases de datos y evidencias reales,que, por el contrario, lo declaran impracticable), postulado gratuitamente como ya ocurrido, que se puede pintar la consulta inocua como fundante de un pueblo que se autodetermina en un nuevo Régimen.Puros pseudoargumentos circulares sin consistencia, que brotan de una ideología falsaria que quiere imponerse a todos por la fuerza.
Porque el delito de sedición es el más grave de todo sistema político, ningún Estado está diseñado para suicidarse, y las reglas necesarias de la convivencia y la cohesión organizada de las libertades coexistentes de millones de personas en una sociedad moderna compleja y avanzada, excluyen tajantemente la posibilidad de que un grupo minoritario cualquiera pueda suplantar la voluntad de la nación entera para forzar contra todos la más radical alteración concebible del status de la comunidad política constituida, a saber, la amputación de la integridad territorial, el sustrato material de la nación,lo que desencadenaría una cascada de enormes consecuencias que nos concernirían a todos de por vida, en caso de no ser revertidas.
La sedición catalana ha logrado enmascararse de buenos modales y frases melifluas sobre paz, libertad, diálogo y sensatez, pero en todo momento la hoja de ruta separatista no ha dejado de afirmarse, porque las declaraciones de los líderes, en tanto insertos en cargos orgánicos de instituciones privadas y públicas han ido teniendo efectos reales sin necesidad alguna de emplear cachiporras a gran escala.Y en esto, han demostrado una habilidad infinitamente superior al Gobierno central, ordenando sin ton ni son unas cargas policiales completamente innecesarias.En particular, merced a la autoridad que dimana de la Generalitat en tanto representación del Estado español en Cataluña, cuyos aparatos están en continuidad sustancial y operativa y política total con los demás gobiernos regionales y el Central,Y gracias a los recursos públicos financieros canalizados a las redes clientelares construidas desde el régimen pujolista y aumentadas en el procesismo, siempre ha habido una masa constante de presión callejera para defender la secesión.Y, merced a la mezcolanza engañosa de publicidad de actos inocuos de libre expresión con otros que sí tienen consecuencias jurídicas obligatorias, pretendiendo suplantar la legalidad vigente con una ilegalidad que se arroga otra legalidad y vis obligandi superiores, la del Pueblo nacionalista en marcha, han ido sin cesar avanzando posiciones, y aplicado una política de hechos consumados progresivos.Todo ello en medio de la pasividad de amplias franjas de catalanes no separatistas, que , sin embargo, no han sido hasta ahora conscientes del peligro que la propaganda ha estado siempre ocultando.En el momento inaudito que los unionistas se organicen de verdad , como han hecho tan eficazmente Omnium y la ANC,y empiecen a plantar una resistencia igualmente eficaz a los planes separatistas, me gustaría ver qué quedará de esos propósitos beatíficos de paz y concordia que tanto proclaman.La naturaleza de un proyecto de secesión unilateral forzada, es intrínsecamente violenta, porque implica que una minoría tuerza la voluntad de la mayoría, y tal objetivo imposible sólo puede acabar llevando al enfrentamiento armado para dirimir y zanjar el conflicto.
Ni la ruta Mas Collel, ni la ruta Convergencia clásica, ni la ruta CUP nada de diálogo, han renunciado lo más mínimo a la sedición, ya sea como objetivo diferido, o como baza coactiva negociadora, o como objetivo airado inmediato con expectativa de muertos.Aquí ya se podría ver la violencia oculta tras las engoladas declaraciones,Para que degenere la situación en lucha armada, podría ser inevitable que algunos separatistas cometiesen graves agresiones contra las fuerzas de seguridad, para denunciar después una esperable respuesta descontrolada.
Y no me cabe duda que, ante la protesta contra las nuevas autoridades de manifestaciones unionistas en la nueva República, los Mossos recobrarían como por arte de magia, su función de brutalidad represora y cachiporrazos sin cuento, como ya vimos en los salvajes vaciamientos de las acampadas en las plazas del 15M. Puede que empecemos a verlo ya, si los disturbios cuperos, son contestados, de modo creciente, por disturbios unionistas, y los Mossos tienen que ayudar a restablecer el dominio separatista de las calles.
Vamos al peor de los escenarios, con un Gobierno central que no se limita a reaccionar ante la sedición, sino que la aprovecha para tapar toda su pérdida de autoridad por los chanchullos sin fin, las tramas corruptas, la ineficiencia económica y la represión continua a favor de las oligarquías.Este Gobierno no está capacitado para resolver la crisis, sino que está jugando a radicalizarla y extremar la tensión hasta el límite, pero es que también los separatistas hacen lo mismo, aunque con mejor política mediática.Un partido que quiera formar parte del futuro de regeneración de España y Cataluña, contra sus dos regímenes corruptos gemelos, ha de cortar en seco la lógica perversa de la polarización de todo el campo político por dos nacionalismos opuestos que se retroalimentan y justifican entre sí. Eso pasa por criticarlos simultáneamente, no por optar por uno contra otro, centrando las responsabilidades por la situación exclusivamente en un aparte, y elogiando, embelleciendo y convalidando sin análisis crítico alguno, todas las acciones de la otra parte.Como los defectos del PP están de sobra claros para todos, yo me centro en los separatistas porque han conseguido un éxito mediático espectacular en travestir sus verdaderos objetivos políticos de reclamos desesperados de pueblo pobre oprimido por un régimen colonial terrorista, lo que no guarda ninguna proporción en absoluto con los hechos reales.
A los separatistas debe decírseles bien claro que jamás conseguirán la secesión forzosa unilateral, no serán reconocidos ni ayudados por nadie, expulsados sin piedad de la UE y con serias dificultades, insalvables, para conservar el euro como moneda legal.El Estado nuevo se derrumbará, no por la malignidad española, sino por la jerarquía de factores estructurales del orden capitalista, desde las cadenas globales de valor y comercio, los sistemas de dinero -deuda bancarios, la arquitectura del euro y nuestra inserción histórica específica en todos esos dispositivos.Ninguno de los males catalanes se deben a las contradicciones del Estado en tanto español, y sí en tanto capitalista, y esas seguirán intactas en la Cataluña independiente. A los trabajadores y los sindicatos el procesismo siempre ha querido camelárselos con la mentira de que "lo social y lo nacional van juntos", y la secesión es la panacea que libera al trabajo de su opresión.Pero es ridículo decir que España oprime a los trabajadores catalanes, mientras sus empresarios los llevan en palmitas sin aplicar las leyes objetivas de la acumulación.Todas las evidencias que tenemos de pequeños países de tamaño similar, los muestran como juguetes pasivos y dóciles de las multinacionales,a cuyo chantaje no pueden ofrecer resistencia alguna, ni protección para los sectores laborales más vulnerables.Quizás por eso los datos de apoyo al procesismo, desagregados por grupos socioeconómicos y de renta, muestran que hay una correlación directa entre nivel de renta e intensidad del apoyo separatista:cuanto más ricos los catalanes, más apoyan el secesionismo. Y después vienen los demagogos a decirnos que en Cataluña hay mayoría natural de izquierdas, y por eso su secesión impulsará nuestro cambio constituyente.JA,JA.
Sólo se me ocurre la siguiente solución, en este nivel asfixiante de putrefacción del problema, elecciones simultáneas generales y autonómicas en Cataluña.Dar una opción a la Nación de elegir un Gobierno mejor , más virtuoso, limpio y con autoridad renovada para afrontar la crisis con confianza,del otro lado, unas elecciones con índole plebiscitaria son hoy lo más próximo a un referéndum legal pactado, un método aceptado por todos para medir nuestro desacuerdo, la correlación de fuerzas que apoyan los proyectos enfrentados, como paso imprescindible para explorar nuevas vías de negociación.
No veo qué obstáculos podrían ver los separatistas, ya que si el pueblo les apoya con tanta energía, si se manifestó en un confuso referéndum ilegal , lleno de irregularidades,¿no se va a manifestar también en unas elecciones legales, reales, con garantías y pleno control y verificación multipartidista ?A no ser que tengan miedo de perderlas, lo cual sería la ruina de todas las rutas separatistas, la Mas Collel, Convergencia Clásica y la CUP-nada-de-diálogo, ya que todas requieren retener el poder gubernativo, lo que muestra el procesismo como una construcción burocrático-jerárquica desde arriba, y no como la autoorganización popular desde la espontaneidad pura de la base.
Pero entonces ¿dónde quedan las proclamas de un pueblo oprimido luchando por librarse de un Estado enemigo, cuando no son capaces de afrontar unas simples elecciones limpias?Sufrirían un golpe mortal en su credibilidad si se negasen a aceptarlas, o si, incluso las impugnasen como fraudulentas si las perdiesen, participando como todos en su control e implementación y recuento.Eso sería seguir la deriva peligrosa de la oposición venezolana y ya hemos visto en que acaba eso.
también podría ocurrirque ambos nacionalismos enfrentados quedasen reforzados, según ciertas encuestas habría mayoría absoluta PP-Ciudadanos, y en Cataluña repetirían control catalanista del Govern, si bien se augura un fuerte batacazo para la CUP, que perdería la mitadd e votos y escaños(¿no véis vuestra traición por abandonar la democracia directa de los barrios por el oropel de una política parlamentaria al servicio del liderazgo burgués y pequeño burgués del procesismo?;la verda es que os vendría muy bien esa lección).
Si esto fuera así, se diría que no avanzamos nada, pero no es cierto:el Gobierno central con autoridad renovada y reforzada podría quizás sentirse más seguro y tener más prudencia en sus actuaciones, guiadas hasta ahora a por el histerismo paranoico, y también sabría que el independentismo tien fuertes raíces y no puede borrarse de un plumazo sólo penal y represivo.El separatismo, por su parte, podría apreciar la hostilidad enorme de los españoles a una secesión unilateral,sin guerra, y quizás abandonase una perspectiva que , hoy por hoy es imposible.En cualquier caso, sabiendo las fuerzas en liza con exactitud, tendríamos un mapa seguro de por dónde podrían ir las negociaciones inevitables.
El artículo 155 de nuestra Constitución, no es , ni mucho menos,una Ley marcial Neo franquista, sino una copia del articulado de la Constitución de Alemania Federal, la coacción federal, que autoriza a los cargos públicos federales a sustituir dirigentes rebeldes federados contra la legislación central, de la que emana sus autoridad.Se respeta la autonomía federada, porque no se intervienen o sustituyen las estructuras funcionales del autogobierno, sólo se cambian, provisionalmente a los ocupantes, a la espera de convocar nuevas elecciones en el plazo más breve posible para reocupar los cargos institucionales con nuevos representantes electos.Si Rajoy-Sánchez tuvieran la mínima prudencia exigible a los líderes, aplicarán un 155 de perfil mínimo, sin detenciones masivas, y con el único objetivo de convocar elecciones, si es que el Govern no lo hace(ésta sería la mejor respuesta al segundo requerimiento de Rajoy, por que si no parecerá que los catalanistas tienen miedo a las elecciones y eso mermará su prestigio democrático).Creo que el plazo de convocatoria no debería ser superior a tres meses.
Esta me parece la mejor solución, sólo que extremistas de ambos lados pueden dar al traste con ella :los cuperos incendiando las calles y buscando enfrentamiento con la policía, el Gobierno reaccionando con la máxima dureza en una espiral de creciente represión indiscriminada.Una vez iniciado este rumbo, cada parte tendrá razones para indignarse y seguir la escalada sin final previsible, que sin embargo, ya sabemos que no será nada bueno.
Espero que la sangre fría impere en todos los lados, pero no podemos ser muy optimistas, por desgracia.Salud.
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2016.06.05 19:48 ShaunaDorothy EE.UU.: Cacería de brujas asesina “Delincuentes sexuales” marcados por el estado: Parias de por vida (Febrero de 2014)

https://archive.is/HdHvI
Espartaco No. 40 Febrero de 2014
Durante las últimas décadas, la policía sexual de este país ha capturado a cerca de un millón de personas. Se les encarcela, se les humilla públicamente y se les pone en peligro mediante los registros de “delincuentes sexuales” en Internet, se les rastrea con tobilleras de GPS, se les expulsa de sus propias comunidades y se les obliga a vivir bajo los puentes o en los bosques. Se han convertido en parias sociales, en los leprosos de la actualidad.
Incluso mientras el matrimonio gay —y los boy scouts (abiertamente) gays— son cada vez más aceptados, el esfuerzo de los gobernantes por legislar el sexo y la “moralidad” parece no tener fin. Su más reciente expresión es el frenesí azuzado contra un supuesto brote de incorregibles “depredadores sexuales”, especialmente los que supuestamente tienen como blanco a niños en Internet (es decir, un mundo fantástico) o a través de la pornografía (también pura fantasía). No hay tal epidemia; sin embargo, parece haber un gran número de policías infiltrados al acecho en los chat rooms. Se ha victimizado a miles sólo por mirar pornografía o por intentar comunicarse con otros, por no hablar del sexo consensual con menores, nada de lo cual sería un crimen en una sociedad racional.
Tal como ocurrió con la histeria de los años ochenta y noventa sobre las supuestas redes satánicas de abuso de menores en las guarderías, el depredador de Internet es un mito manufacturado por el gobierno y los medios. Incitando y manipulando el miedo y las actitudes sociales atrasadas, su finalidad subyacente es legitimar y fortalecer los poderes del estado capitalista. Mientras los políticos demócratas y republicanos sermonean sobre “proteger a nuestra niñez”, los imperialistas estadounidenses bombardean a niños en todo el mundo y millones pasan hambre incluso en este país, donde la tasa de mortalidad infantil llega al lugar 51 del mundo.
Entre las innovaciones legales más perniciosas, diseñadas para aumentar el control del gobierno, están las leyes federales que firmó el presidente demócrata Bill Clinton a mediados de los noventa y que le exigen a los delincuentes sexuales liberados que se registren en Internet y notifiquen a la comunidad su paradero. Otro estatuto le exige a las autoridades estatales que transmitan sus datos y huellas digitales al FBI para que éste forme una base de datos nacional. También está el “confinamiento civil”, que permite mantener a los prisioneros recluidos más allá del término de sus sentencias. Con estas leyes, los convictos de delitos sexuales se ven inmersos en un laberinto kafkiano de presunta culpabilidad, ostracismo social, castigos preventivos, miedo y violencia, frecuentemente de por vida.
Para Charles Parker de Jonesville, Carolina del Sur, y para su esposa, registrarse como delincuente sexual fue una sentencia de muerte. En julio, Jeremy Moody halló el nombre de Parker en el registro y ubicó su hogar en un mapa, se dirigió ahí y disparó y apuñaló a la pareja. “No he venido a robarte. He venido a matarte porque eres un abusador de niños”, dijo Moody, quien tiene la palabra “skinhead” [cabeza rapada] tatuada en el cuello. (Parker no había sido convicto por abuso de menores.) Posteriormente, Moody admitió que se preparaba para matar a otra persona que figuraba en el registro.
Un caso de estudio: Los Friedman
Hace poco volvió a las noticias el caso de Arnold Friedman y su hijo adolescente Jesse, documentado en la escalofriante película nominada al Oscar de 2003 Capturando a los Friedman. La película muestra cómo los dos hombres de Long Island, víctimas del abuso policiaco, la histeria de la comunidad y el sesgo judicial, fueron obligados a confesar en falso decenas de casos de abuso de menores que supuestamente ocurrieron en las clases de computación de Arnold, con la ayuda de Jesse. Un amigo adolescente de éste, Ross Goldstein, también fue condenado a trece meses de prisión tras ser obligado a confesar y a hacer acusaciones falsas contra Jesse.
Los cargos de esa cacería de brujas iban desde lo inverosímil hasta lo imposible. Como lo puso Jesse Friedman, un niño de diez años que asistía a las clases semanalmente alegó que había sido forzado a tener sexo anal u oral 30 veces en un periodo de diez semanas y —tras reinscribirse— fue violado 41 veces a lo largo del siguiente año. Entre lo que un cargo describía como abusos en grupo se incluía el “salto de rana”, en el cual Arnold y Jesse supuestamente sodomizaban a toda la clase de niños desnudos saltando de uno al otro. Pese a las historias de violencia física, abuso verbal y sexo forzado frente a toda la clase, no se presentó una sola evidencia: ni moretones ni ropa manchada de sangre. Ni uno solo de los padres expresó la menor sospecha hasta que la policía llegó a sus casas a interrogar a sus hijos.
El único hecho incuestionable es que en 1987 los agentes aduanales interceptaron un paquete dirigido a Arnold Friedman que contenía pornografía infantil, lo que llevó a la policía a allanar el hogar de los Friedman en el suburbio de Nueva York de Great Neck. La policía confiscó unas 20 revistas de pornografía infantil tomadas de varias partes de la casa y una lista de los niños que asistían a las clases de Arnold.
¡Al poseer pornografía infantil, Arnold Friedman no cometió crimen alguno! Fotografías, sexo de fantasía, entretenimiento: la pornografía no hace daño a nadie. ¿Cuántos de nosotros podríamos librarnos de la prisión si los “pensamientos desviados” se castigaran con cárcel? Al contrario de ciertos feministas y de los maoístas del Revolutionary Communist Party [Partido Comunista Revolucionario], quienes quisieran prohibir la pornografía sobre la espuria base de que provoca violencia contra la mujer, nosotros reconocemos que las leyes antipornografía dañan a todos al legitimar la censura y desatar la interferencia estatal en la vida privada. Nos oponemos a las leyes contra la pornografía y a las leyes contra los “crímenes sin víctimas”, como la prostitución, las drogas y las apuestas. ¡El gobierno debería sacar los ojos, oídos y narices de las alcobas y de las vidas privadas de la gente!
Según la retorcida lógica que esta sociedad promueve, Arnold Friedman, espectador de pornografía, debía ser por lo tanto un abusador de menores, por lo que fue condenado a una sentencia de diez a 30 años de prisión y murió en la cárcel en 1995, aparentemente por suicidio. Jesse recibió una sentencia de seis a 18 años tras las rejas. Lo liberaron en 2001 después de trece años, sólo para que comenzara una cadena perpetua de persecución legal y social.
Ya antes de que comenzara el juicio, las autoridades promovieron la noción de que cada uno de los estudiantes de Arnold debía ser considerado una víctima. Cientos de padres de familia histéricos se apiñaron en reuniones comunitarias exigiendo asesoría sobre cómo ayudar a sus hijos. Se les dijo que fueran a terapia. Años después, muchas supuestas víctimas testificaron respecto al terrible daño que sufrieron ellos y sus familias cuando el estado los obligó a inventar historias, y luego por la subsiguiente “terapia” basada en esas ficciones.
En 2013, la oficina del mismo fiscal que condenó a los Friedman revisó el caso en respuesta a una acusación de calumnia que el Tribunal de Apelaciones del II Distrito emitió en 2010. El tribunal escribió: “Aquí las actas indican una ‘probabilidad razonable’ de que Jesse Friedman fuera injustamente sentenciado”. Para la revisión de la fiscalía, Ross Goldstein (a quien los documentos legales se refieren como Kenneth Doe) habló por primera vez en 23 años. En un documento de nueve páginas dirigido al fiscal de distrito, afirmó: “Ninguno de los sucesos que Kenneth Doe supuestamente describió o que se atribuyen a él tuvo lugar en realidad”. Goldstein reunió a numerosos ex alumnos que hoy afirman que en las clases no ocurrió absolutamente nada y que la policía los intimidó para que rindieran falsos testimonios. Sin embargo (predeciblemente), el resultado del autoexamen fue que la oficina del fiscal se absolvió a sí misma de cualquier falta en el proceso.
La sexualidad infantil y el estado
El caso Friedman, una tragedia incesante para toda una familia, subraya varias cuestiones políticas importantes. El enfoque de la Spartacist League deriva de nuestra concepción marxista del mundo y nos enfrenta con el moralismo burgués y con frecuencia también con muchos grupos autodenominados socialistas. La sexualidad humana es muy amplia, pero su práctica está condicionada por cada sociedad particular. La sociedad burguesa estadounidense, con su componente de fanatismo religioso, destina una cantidad considerable de energía a delimitar los apetitos sexuales en nombre del orden social. Con sus policías, jueces y prisiones, la intervención del estado en las relaciones sexuales privadas tiene como fin imponer la moralidad que profesa la burguesía, y con frecuencia transforma una experiencia inofensiva y muchas veces positiva en una pesadilla. El estado burgués no es ni un árbitro neutral ni un protector de la ciudadanía; existe para asegurar la conservación del dominio capitalista.
La premisa de muchas leyes contra el sexo es que los niños son seres asexuales. De manera absurda, los púberes y los adolescentes con las hormonas desbocadas son considerados niños. De hecho, la sexualidad es parte de la constitución humana desde la infancia. Como discutimos con amplitud en el artículo “Unholy Alliance of Feminists and Christian Right—Satan, the State and Anti-Sex Hysteria” (La impía alianza de los feministas y la derecha cristiana—Satanás, el estado y la histeria antisexo, Women and Revolution No. 45, invierno-primavera de 1996), los niños son pequeños animales inquisitivos que en su camino a la madurez llevan a cabo experiencias y observaciones sexuales y de todo tipo. Tal como ocurre con otras especies de primates, el sexo entre los humanos tiene un amplio componente de aprendizaje. Hoy, en gran parte del país se le niega a la juventud el acceso oportuno a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual, dejándola vulnerable a los embarazos no deseados y a las enfermedades de transmisión sexual. Si intenta actuar como la televisión e Internet le enseña, se mete en problemas.
Las leyes contra el estupro varían mucho de un estado a otro, pero todas criminalizan toda actividad que un tribunal considere sexual por el solo hecho de que un menor (alguien que no haya llegado a la “edad de consentimiento”) participe en ella, independientemente de si lo que suceda sea o no consensual. La ley mezcla deliberadamente el sexo consensual con el ataque sexual violento y con la violación. Cualquiera que sea hallado culpable de haber tenido sexo con un menor, o cualquier cosa considerada contacto sexual, se considera automáticamente un delincuente violento. La designación “depredador” puede aplicarse cuando un tribunal decide que una relación fue establecida o promovida con fines de “victimización”.
El único lineamiento para cualquier relación sexual debería ser el consentimiento efectivo —es decir, el entendimiento mutuo de las partes participantes— independientemente de la edad, el género o la preferencia sexual. Sin duda, determinar incluso lo más básico —por ejemplo, si un acto tuvo lugar realmente y si fue consensual— puede ser problemático a veces. Y ciertamente hay muchos casos en que la víctima de una violación o de un abuso violento puede recurrir a la ley. Al mismo tiempo, como alguna vez comentó el dramaturgo irlandés Brendan Behan en un contexto diferente: “Nunca he visto una situación tan terrible que un policía no pueda empeorar”. Además, desentrañar las cuestiones de la sexualidad humana del entramado de prejuicios sociales es casi imposible en esta sociedad dividida en clases y razas. Libre de la crueldad y la fría indiferencia que resultan de la búsqueda de ganancia, una sociedad socialista buscaría un enfoque científico a estas cuestiones difíciles.
Enciérrenlos...
Las leyes antisexo han creado una enorme masa de blancos potenciales, alimentando pesquisas con vastas sumas de dinero para trabajo encubierto y alentando procesos fraudulentos mediante el uso de oscuras invenciones siquiátricas y “testigos expertos”. En consecuencia, cada vez más víctimas caen en las fauces del sistema carcelario estadounidense, que ya es el mayor del mundo. Las cifras de la guerra contra los “depravados” sexuales se suman a las de la anterior “guerra contra el crimen” y a la continua “guerra contra las drogas”, eufemismos para nombrar la persecución legal racista que ha cuadruplicado la población carcelaria a cerca de 2.2 millones de personas al día de hoy, de las cuales casi la mitad son negras.
Desde los años setenta hasta hoy, el número de personas encarceladas como delincuentes sexuales se ha multiplicado. El libro Sex Panic and the Punitive State (Pánico sexual y el estado punitivo, University of California Press, 2011), de Roger N. Lancaster, aporta una investigación útil que describe el desarrollo de estos pánicos y muestra con precisión cuán vasto es el archipiélago de víctimas de la persecución sexual estatal. Lancaster escribe: “Nacionalmente, los casos reportados de abuso infantil saltaron de seis mil en 1976 a 113 mil en 1985 y a 350 mil en 1988: la cifra se multiplicó 58 veces en doce años”. Apuntando al terror irracional al “desconocido que acecha”, en un artículo publicado en el New York Times del 20 de agosto de 2011 titulado “Sex Offenders: The Last Pariahs” [Delincuentes sexuales: Los últimos parias], señaló: “El riesgo de que un niño sea asesinado por un depredador sexual desconocido es comparable al de morir fulminado por un rayo”. Lancaster también señala que “la mayoría de los perpetradores de abusos sexuales son miembros de la familia, parientes cercanos, amigos o conocidos de la familia de la víctima”.
Las cacerías de brujas antisexo han sido usadas para deshacerse de elementos básicos que los estadounidenses habían aprendido a considerar inherentes a la democracia, así como la “guerra contra el terrorismo” ha destripado toda una gama de derechos constitucionales. Como puede verse en el caso Friedman, lo primero que se pierde es la privacidad, seguida de la presunción de inocencia, cuando los acusados son satanizados. Luego se marca a los convictos de por vida. Hoy, cerca de 750 mil personas están en el registro de Internet que instituyó la “Ley Megan” de la era Clinton, promulgada tras el brutal asesinato de la pequeña Megan Kanka de siete años en un ataque sexual en 1994.
Al salir de la cárcel, Jesse Friedman —quien para empezar no había hecho nada— fue clasificado como “depredador sexual violento nivel III”, es decir, como alguien en alto riesgo de reincidir y como una amenaza a la seguridad pública. Como tal, tuvo que abandonar su casa tres veces. Con respecto a las restricciones de residencia, que le prohíben la proximidad con niños, escribió en su página web: “Si miras un mapa, te darás cuenta de que eso significa prácticamente cualquier parte. En algunos estados y ciudades se me prohibiría estar en cualquier lugar ‘donde se sabe que los niños se congregan’, incluyendo bibliotecas, museos, acuarios, playas e incluso eventos deportivos públicos”. “La Ley Megan”, escribió, “es el exilio social”.
Otros miles han sido convertidos en parias de manera similar. En Southampton, un destino vacacional para las celebridades neoyorquinas y los tiburones de Wall Street, unos 40 hombres convictos de diversos delitos sexuales se ven obligados a vivir en dos tráilers alejados de los centros habitados. Sólo uno de los tráilers tiene regadera y los que viven en el otro tienen que tomar el autobús dos veces por semana para ducharse.
La novela agudamente realista de Russell Banks, Lost Memory of Skin (La memoria perdida de la piel, HarperCollins, 2011), explora el horrendo mundo de los nuevos parias. El héroe es un joven tímido e ingenuo al que se le llama “el Chico”, cuyo fiel compañero y único amigo es su iguana Iggy. El Chico va a conocer a “brandi18”, con quien había tratado sólo por Internet, sólo para encontrarse con que en casa de ella lo esperan el padre de Brandi y cinco policías. Tras ser arrestado y condenado, se halla a sí mismo sin hogar, viviendo bajo un puente junto a otros “delincuentes sexuales”, pepenando comida de los basureros. En nombre de políticos que buscan un encabezado de prensa, la policía allana incluso ese lugar diminuto, sucio y semioculto, con resultados trágicos. A estos hombres del puente se les obliga implacablemente a recargar constantemente sus tobilleras de monitoreo:
“Toma media hora cargar completamente la batería del monitor, y durante esa media hora el Chico se siente íntimamente conectado a los demás millones de delincuentes sexuales, jóvenes, viejos y de otras edades...todos los cuales han conectado sus tobilleras electrónicas a contactos y están sentados en alcobas, salas y sótanos de casas, apartamentos y remolques, en estacionamientos, refugios de indigentes, parques públicos, aeropuertos, estaciones de tren, salas de espera, oficinas, en las trastiendas de restaurantes de comida rápida, bajo pasos a desnivel y puentes peatonales —como si todos ellos fueran hojas temblorosas en las ramas grandes y pequeñas de un vasto árbol eléctrico cuya sombra cubriera todo el país—”.
...y tiren la llave
Las diversas leyes estatales y federales de “confinamiento civil” que se han aprobado desde 1990 son una burla de la noción de “cumplir tu sentencia” y de la pretendida rehabilitación. Por ejemplo, la “Ley Adam Walsh de Protección y Seguridad de los Niños” de 2006 posibilita la detención indefinida de cualquier prisionero federal —incluso si nunca ha sido convicto de ningún delito sexual— que haya cumplido su sentencia pero sea considerado mentalmente “anormal” y se crea probable que cometa algún delito sexual en el futuro.
En el artículo “When the Feds Decide Who’s Sexually Dangerous” [Cuando los federales deciden quién es sexualmente peligroso], publicado en The Atlantic (20 de mayo de 2010), Wendy Kaminer señala: “Quienes confían en la burocracia federal y creen que los funcionarios usarán su poder adecuadamente, con imparcialidad y buena fe, pueden sentirse protegidos por él; a los demás debe preocuparles que el gobierno pueda detener ciudadanos indefinidamente, sin juicios con jurado, basándose en especulaciones sobre su futura peligrosidad”. Díganselo a los prisioneros de Guantánamo.
Bajo algunas leyes estatales, los sometidos a confinamiento civil pueden tener derecho a un proceso ante un juez, pero no a un juicio con la posibilidad de preparar una defensa. La mayoría no recibe “tratamiento” y prácticamente nadie obtiene algo de él. ¡Incluso se dio el caso de un hombre de Wisconsin de 102 años que no pudo someterse a tratamiento por fallas en la memoria y problemas de oído!
Hasta 2007, dos mil 700 hombres estaban recluidos en centros de confinamiento civil. Para escapar de las garras de estas instituciones penales/“terapéuticas” en las que se encuentran sepultados, algunos prisioneros incluso solicitan ser castrados, como lo relata el artículo “The Science of Sex Abuse” [La ciencia del abuso sexual] de Rachel Aviv (The New Yorker, 14 de enero de 2013). La primera persona detenida bajo la Ley Adam Walsh, Graydon Comstock, cuestionó la legislación en un caso ante la Suprema Corte en 2010. Aviv observa: “Para cuando el caso fue atendido, cuatro años después de que la sentencia criminal de Comstock expirara, él tenía ya 67 años y padecía del corazón, de diabetes e incontinencia. Ya dos veces había solicitado ser castrado, creyendo que la operación ayudaría en su caso, pero se le dijo que no estaba médicamente justificada”. En años recientes, la Suprema Corte ha refrendado diversos estatutos del confinamiento civil.
El poderoso análisis de Aviv de los horrores del confinamiento civil gira en torno al caso real de un soldado solitario llamado John, que se hizo amigo en un chat room de “Indy-Girl”. Sí, era un policía encubierto. El soldado, invitado a un tentador picnic al aire libre, rápidamente fue capturado por la Unidad Militar de Investigaciones y el FBI. John fue sentenciado a 53 meses en una prisión federal por poseer pornografía infantil y por “usar Internet para inducir a un menor a tener sexo”. Pero entonces fue cuando empezaron sus verdaderos problemas.
Tras salir en libertad condicional, John recayó y volvió a mirar pornografía con menores, por lo que rápidamente fue sentenciado a otros dos años en prisión. Seguía preso cuando el Congreso aprobó la Ley Adam Walsh, por lo que se le transfirió a una prisión médica de Massachusetts y, sin audiencia legal, se determinó que era de “alto riesgo”. Así pasaron cuatro años. En 2011 comenzó su audiencia de confinamiento civil. Al año siguiente, un juez dictaminó que John era demasiado peligroso para ser liberado y lo condenó a un “confinamiento terapéutico” indefinido en el sistema carcelario federal. Desde entonces sigue en ese limbo, donde una “terapia” diaria lo alienta a declarar cada vez más historias fantasiosas para ganarse la aprobación de los siquiatras, historias que sólo contribuyen a incriminarlo. Vivir en una tienda de campaña bajo un puente parece un destino preferible.
Nuevas brujas, nuevos inquisidores
En Estados Unidos, con su vena profundamente puritana y su insidioso racismo, la combinación de sexo y raza siempre ha sido usada como medio de control social. El mito del hombre negro depredador acosando a mujeres y niños blancos se conjuró para mantener aterrorizada a la población negra cuando la ley linchadora imperaba en el Sur de Jim Crow. Con frecuencia se ha recurrido a leyes antisexo para poner a hombres negros tras las rejas, incluyendo a celebridades como el boxeador Jack Johnson en 1912 y a Michael Jackson en 1994 y de nuevo diez años después.
Las cruzadas antisexo fueron una de las armas que se usaron para revertir las conquistas de las luchas por los derechos civiles y para apagar el descontento social de los años sesenta y principios de los setenta, especialmente el provocado por la Guerra de Vietnam. Tras tomar posesión en 1977, el gobierno demócrata de Jimmy Carter desató un asalto de reacción social interna mientras llevaba a la Casa Blanca el fundamentalismo religioso de los “renacidos”. Bajo el lema de los “derechos humanos” lanzó también la Segunda Guerra Fría del imperialismo estadounidense con el objetivo de destruir a la Unión Soviética.
La siguiente década presenció una de las cacerías de brujas más terribles y peculiares de la historia estadounidense: la histeria respecto al “abuso satánico” en las guarderías, que le arruinó la vida a cientos de hombres, mujeres y niños. El auge de esta cacería de brujas, que se extendió hasta principios de los años noventa, coincidió con la reacción reaganista —la cual, entre otras cosas, intentó enviar a las mujeres de vuelta a los hogares—. Se recortaron los fondos para el bienestar social y otros programas sociales, como las guarderías y preescolares para madres trabajadoras, provocando enormes dificultades y daños a las mujeres y los niños. El pánico del “abuso satánico” sirvió para encubrir un abuso real por parte del gobierno.
En el juicio más largo de la historia estadounidense, que se extendió de 1986 a 1990, el caso de la escuela preescolar McMartin, los niños testigos contaron historias de sacrificios animales, orgías, pasadizos secretos, mutilación de cadáveres y otras ficciones. El caso comenzó en 1983, y para el año siguiente el gran jurado había reunido 354 declaraciones que implicaban hasta 369 supuestas víctimas, mientras la policía anunciaba una enorme conspiración criminal. Más de 70 personas fueron condenadas injustamente. Mientras tanto, decenas de otros casos de “satanismo” barrieron el país, desde el condado de Kern en California, hasta Fells Acres en Massachusetts y la guardería Little Rascals de Carolina del Norte. En estos casos no se encontró evidencia alguna. Los acusados eran completamente inocentes, como señalamos entonces (a diferencia de prácticamente todo el resto de la izquierda) al defender a los trabajadores de las guarderías. Los Friedman fueron arrestados en medio de esa cacería de brujas.
Los liberales y feministas burgueses ayudaron a impulsar esa locura. Aunque se presentan como protectores de las mujeres y los niños, su remedio es pedirle al estado leyes más numerosas y más duras, así como más vigilancia policiaca. La versión más extrema de esa misma política fue el libro de 1975 de Susan Brownmiller, Against Our Will [Contra nuestra voluntad], famoso por su aseveración de que la violación es la principal forma en que todos los hombres controlan a todas las mujeres. Su propuesta: más mujeres policías.
En los años setenta y ochenta, los florecientes escuadrones de dios, dirigidos por gente como el fundamentalista católico Patrick Buchanan y el líder de la Mayoría Moral Jerry Falwell, se movilizaban contra el aborto y declaraban que el sida era un castigo de dios a los gays. Mientras los fanáticos de derecha sitiaban las clínicas de aborto, los feministas apuntaban contra la pornografía y un imaginario abuso satánico. Al impulsar este programa antisexo, los “progresistas” entablaron una alianza temporal con los evangélicos.
El estado respondió gustoso. En 1974, el demócrata Walter Mondale promovió la Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil, que obligaba a los terapeutas, maestros y trabajadores sociales a informar a la policía de cualquier indicación de abuso. Así, se suponía que cientos de miles de educadores y trabajadores sociales actuarían como auxiliares de la maquinaria de represión del estado capitalista. En los años ochenta, el procurador general de Reagan, Edwin Meese, lanzó una gran campaña contra la pornografía, con bastante ayuda de sus aliados liberales. Con Internet, las cosas no hicieron sino empeorar. En los últimos quince años, las sentencias federales por posesión de pornografía infantil han aumentado en extensión más de 500 por ciento y pueden ameritar hasta cadena perpetua, la sentencia que suele darse al homicidio en primer grado.
Entre las feministas más prominentes que impulsaban las reaccionarias campañas antiporno estaba la fundadora de la revista Ms., Gloria Steinem, quien empezó su carrera como informante de la CIA. La despreciable Steinem también se subió con furor al tren del ritual satánico y la memoria reprimida. A mediados de los ochenta financió una excavación que los padres de familia de la escuela preescolar McMartin realizaron en busca de los (inexistentes) túneles y calabozos de los que habían hablado sus hijos bajo coerción. En 1993, Ms. salió con el encabezado: “El abuso ritual de las sectas existe —¡Créanlo!”.
En 1995, Steinem narró el documental de HBO The Search for Deadly Memories. Los apócrifos “recuerdos recuperados” de abuso cumplieron una función perniciosa en numerosos casos. Estos “recuerdos reprimidos”, como los llaman los trabajadores sociales fraudulentos, son la versión secular liberal de la histeria religiosa. Como materialistas convencidos, no nos lo creímos. Como señalamos en “Satan, the State and Anti-Sex Hysteria”, las técnicas que supuestamente revelan traumas reprimidos han demostrado ser excelentes para inducir recuerdos falsos, especialmente en niños pequeños y susceptibles. En ocasiones, es la policía quien implanta los supuestos recuerdos en el curso de los interrogatorios, como ocurrió en el caso Friedman. Los traumas verdaderos realmente trauman a la gente, que tiende a recordarlos.
El sexo, el matrimonio y la familia
¿Cómo es que la expansión de la tolerancia (salvo en reaccionarios endurecidos y fanáticos religiosos) respecto al matrimonio gay puede coexistir con una implacable cacería de brujas antisexo? Esto se debe a que el matrimonio, un contrato legal, es uno de los principales sostenes sociales del estado burgués. En una presentación el pasado mayo, David Thorstad, quien en 1978 estuvo entre los fundadores de la North American Man/Boy Love Association (NAMBLA), señaló la desbandada del movimiento radical gay:
“El anterior desafío a la heterosupremacía, dirigido a liberar la sexualidad reprimida de todos, ha sido remplazado por un enfoque conservador y convencional por la aceptación de la sociedad capitalista heterosupremacista. Donde esto es más obvio es en la búsqueda del matrimonio y la participación abierta en instituciones opresivas como el ejército, así como los llamados a fortalecer las fuerzas represivas del estado mediante las leyes contra los llamados crímenes de odio”.
Así, en la búsqueda de la respetabilidad burguesa, las marchas del orgullo gay acogen contingentes de policías gays, cuyo trabajo incluye el arresto de “delincuentes sexuales”. Mientras tanto, los organizadores de las marchas vetan a organizaciones como NAMBLA, que llama por la despenalización de las relaciones consensuales entre hombres adultos y menores de edad.
A diferencia de los feministas, el establishment gay y, asquerosamente, la mayor parte de la izquierda “socialista”, nosotros siempre hemos defendido a NAMBLA y a sus miembros tanto de la represión estatal como de la victimización por parte de los patrones. Se trata de algo más que una cuestión de “libertad de expresión”. Muchísimos jóvenes, torturados y confundidos por sus propios sentimientos, en conflicto con la severidad represiva de esta sociedad, encontrarían reconfortante hablar de estas cosas con personas más experimentadas, como lo han hecho generaciones anteriores. En esta época, sin embargo, tener cualquier tipo de intimidad intergeneracional es jugar con fuego.
En un artículo titulado “Youth, Sexuality and the Left” [Juventud, sexualidad y la izquierda], Sherry Wolf de la International Socialist Organization (ISO, Organización Socialista Internacional) se sumó al linchamiento de Thorstad acusándolo de ser “el más constante y sonoro defensor de la pederastia en la izquierda” (socialistworker.org, 2 de marzo de 2010). Conservando la premisa reaccionaria de las leyes de la edad de consentimiento, Wolf cita su libro Sexuality and Socialism: History, Politics and Theory of LGBT Liberation [Sexualidad y socialismo: Historia, política y teoría de la liberación LGBT]: “Es incongruente que un niño dé verdadero consentimiento, libre de la desigualdad de poder, a un hombre de 30”. El artículo de Wolf continúa: “En nuestra sociedad, los adultos y los niños no se enfrentan como iguales en lo emocional, lo físico, lo social o lo económico. Los niños y los adolescentes más jóvenes no tienen la madurez, la experiencia ni el poder necesarios para tomar decisiones verdaderamente libres en sus relaciones con los adultos. Sin ello, no puede haber verdadero consentimiento”.
No importa que la mayoría de las relaciones entre adultos no cumpla con este criterio de consentimiento. En cuanto a la afirmación de Wolf de que “los adolescentes maduran a distintas edades”, ¿quién debe determinar la edad adecuada para la actividad sexual en una especie en la que esta edad ha estado, durante el 99 por ciento de su existencia, muy por debajo de la supuesta “edad de consentimiento” de la actualidad? Bajo el inhumano status quo capitalista, se asume que es el estado. Para los comunistas, es el ABC el oponernos a la intervención del gobierno en la vida privada de la gente y defender a cualquier grupo que luche por aumentar la libertad en las relaciones sexuales. Esto es una expresión del ideal de la vanguardia leninista como tribuno del pueblo. La ISO y cía. bailan a un son diferente, acomodándose a los valores burgueses y a la cacería de brujas contra aquéllos cuyas proclividades sexuales se consideran verboten [prohibido, en alemán en el original].
En El origen de la familia, la propiedad privada y el estado (1884), Friedrich Engels rastreó el surgimiento simultáneo de la familia y el estado como medios que la clase propietaria usó para consolidar y reproducir su poder cuando emergió de la sociedad humana primitiva. La monogamia de la esposa era necesaria para asegurar la paternidad para la transmisión hereditaria de la propiedad. Actualmente, la familia sigue siendo la principal fuente de opresión de la mujer. A los niños, la familia debe imbuirles la sumisión y el respeto por la autoridad, lo que frecuentemente engendra frustración y violencia. Como escribimos en “Satan, the State and Anti-Sex Hysteria”: “Las proclividades sexuales de las especies gregarias de mamíferos, como la nuestra, claramente no encajan con la rígida monogamia heterosexual que constituye el fundamento ideológico de la institución de la familia, reforzada por la religión organizada”.
La mayor parte del terrible daño que se inflige a los jóvenes y las mujeres tiene lugar en el seno de la familia. Sin embargo, en esta sociedad capitalista, la familia suele ser lo único que le queda a uno. Son escasos los servicios alternativos que la sociedad provee para criar a los hijos o cuidar a los enfermos y a los ancianos.
El fanatismo antisexo y la perversa persecución estatal persistirán mientras imperen la propiedad privada y la producción por ganancias. El estado capitalista no puede ser reformado para que sirva a los intereses de los explotados y los oprimidos. Debe ser barrido y sobre sus ruinas debe erigirse un estado obrero basado en la expropiación de los medios de producción. Para erradicar la opresión de la mujer y de los homosexuales, se requiere construir una sociedad socialista donde las funciones de la familia sean colectivizadas —guarderías y cocinas comunales, atención médica gratuita y de calidad, etcétera— liberando a la mujer de la carga de la crianza de los niños y de la esclavitud doméstica. En cuanto a lo que una sociedad racional conservaría de las relaciones sexuales, y de las relaciones sociales en general, los marxistas compartimos la amplitud de la visión que expresó el fallecido Gore Vidal (a quien tanto echamos de menos) en su artículo “Pink Triangle and Yellow Star” (Triángulo rosa y estrella amarilla, The Nation, 14 de noviembre de 1981):
“Cualquiera que sea el arreglo al que llegue la sociedad del futuro, debe reconocerse que los niños que lo necesiten serán criados con bastante más cuidado que hoy, y que a los adultos que no deseen ser padres ni madres debe dejárseles en paz”.
http://www.icl-fi.org/espanol/eo/40/delincuentes.html
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2016.06.05 09:18 ShaunaDorothy Al GI se le atraganta la defensa del SNTE (Junio de 2013)

https://archive.is/Ys6PM
Espartaco No. 38 Junio de 2013
Durante los últimos meses, los maestros de todo México han estado movilizándose contra la “reforma” educativa recién promulgada que ataca el control sindical sobre las contrataciones y somete a los maestros a continuas evaluaciones, amenazando así sus plazas permanentes. Esta legislación fue la pieza central del “Pacto por México”, un acuerdo entre el presidente Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el derechista y clerical Partido Acción Nacional (PAN) y el nacional-populista Partido de la Revolución Democrática (PRD). A finales del mes pasado, los manifestantes tomaron las oficinas del PRI, el PAN y el PRD en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, enfurecidos porque el congreso estatal adoptó una ley que reproduce los términos de la antisindical “reforma” educativa federal. Desde entonces, cuatro de los líderes de los manifestantes han sido arrestados bajo una gran cantidad de cargos, incluyendo el de “terrorismo”. Todo el movimiento obrero debe exigir: ¡Abajo todos los cargos contra los manifestantes de Guerrero!
Ya el gobierno dejó bien claro que está dispuesto a aplastar cualquier oposición a la “reforma” cuando a finales de febrero arrestó a Elba Esther Gordillo Morales, quien por muchos años fuera dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el sindicato más grande de América Latina. Aliada de confianza de los gobernantes mexicanos, a quien el presidente priísta Carlos Salinas instaló a la cabeza del SNTE en 1989, Gordillo fue acusada de lavado de dinero y vínculos con el “crimen organizado”. Gordillo es, de hecho, una gángster profesional, ampliamente odiada por su profusa corrupción y la violencia asesina con que trataba a los miembros disidentes del sindicato. Pero ciertamente no son esas las razones por las que la está procesando el estado al que sirvió lealmente durante décadas.
El arresto de Gordillo es un ataque directo contra el sindicato de maestros y contra todo el movimiento obrero mexicano, parte del programa de la burguesía de desmantelar los sindicatos y forzar privatizaciones para hacer que el capitalismo mexicano sea “más competitivo”. Esto es lo que hay detrás tanto de la destrucción del SME, el sindicato de electricistas, en 2009 como del impulso intermitente por desmantelar el sindicato petrolero de la compañía estatal Pemex. Un líder [Martí Batres] del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dirigido por el anterior candidato perredista a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, ha estado exigiendo que se encarcele al dirigente de los trabajadores petroleros.
La cuestión está clara para los marxistas revolucionarios, que nos oponemos por principio a cualquier intrusión del estado capitalista en los sindicatos, las organizaciones básicas de defensa de la clase obrera. Como lo expresaron nuestros camaradas del Grupo Espartaquista de México en un volante titulado “Gobierno, ¡manos fuera del SNTE!” (4 de marzo): “La intromisión estatal en los sindicatos no tiene nada que ver con su ‘democratización’; el objetivo de la burguesía es someter los sindicatos cada vez más a su control. La defensa del movimiento sindical incluye exigir la libertad inmediata de Gordillo y todos los funcionarios sindicales arrestados”. Los obreros deben limpiar su propia casa echando a los burócratas sindicales procapitalistas y remplazándolos con una nueva dirigencia basada en un programa de lucha de clases y de independencia sindical respecto al estado burgués.
La necesidad elemental de defender al SNTE ante los ataques capitalistas es anatema para el grueso de la izquierda mexicana, que típicamente descarta a los sindicatos afiliados al PRI a favor de aquéllos en el campo de su rival burgués “progresista”, el PRD. Uno de los charcos de este pantano es el Grupo Internacionalista (GI), un grupúsculo dirigido por desertores de la Liga Comunista Internacional. En “¡Alerta! Charrazo contra la charra Gordillo busca aniquilar la resistencia magisterial” (Revolución Permanente No. 2, mayo de 2013), el GI hace la observación obvia de que “Elba Esther Gordillo resultó ser un blanco ideal para vender la política privatizadora de Peña Nieto”, pero, si bien exige “¡manos fuera del magisterio!”, se rehúsa a defender a su sindicato, descartando al SNTE como nada más que “una agencia del estado, una policía laboral cuyo propósito es sustentar el poder y regimentar a los trabajadores”. Es una cosa o la otra: o se defiende al sindicato bajo ataque, pese a su brutal dirigencia procapitalista, o se lleva agua al molino de los rompesindicatos.
¿De qué lado están?
Para justificar su rechazo a defender al SNTE, el GI alega que los sindicatos corporativistas como ése no son sino órganos del estado que no forman parte del movimiento obrero, una noción que borra toda distinción entre los burócratas que dirigen a los sindicatos y los trabajadores de base. Por mucho tiempo, el corporativismo ha sido un sello distintivo del sistema capitalista mexicano, como el de muchos otros países semicoloniales. Durante décadas, los grandes sindicatos, especialmente los agrupados en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), han estado integrados al PRI, el cual gobernó durante mucho tiempo, y a su predecesor, el Partido de la Revolución Mexicana, junto con asociaciones campesinas y otros “sectores”. El gobierno decidía qué sindicatos eran legales y cuáles no, imponiendo y retirando líderes sindicales a voluntad. A cambio, estos “charros” vigilaban los sindicatos para el estado, purgando y a menudo asesinando a obreros disidentes y beneficiándose generosamente de la corrupción.
Pero el corporativismo lleva ya un tiempo agonizando, con el estado menos interesado en cooptar a los sindicatos que en destruirlos, junto con las protecciones y prestaciones que brinden, como la vivienda y las reglas que dificultan el despido de trabajadores. ¿Y qué ocurre cuando estas “agencias policiacas”, como llama el GI a los sindicatos pro-PRI, libran luchas en respuesta? Desde la crisis de la deuda de los años 80, la ofensiva de la burguesía contra el movimiento obrero ha resultado en la disminución del papel de los sindicatos charros dentro del PRI y los ha llevado a enfrentarse al estado. Esto era así tanto bajo el PRI como, más recientemente, bajo el PAN, que llegó a la presidencia en 2000 antes de perderla de nuevo ante el PRI en diciembre pasado. Un ejemplo tuvo lugar en 2006, cuando el gobierno del PAN [intentó] echar a Napoleón Gómez Urrutia, líder nacional del sindicato minero-metalúrgico SNTMMSRM, para impulsar una investigación por “corrupción”, lo cual desató una serie de poderosas huelgas (ver: “Los obreros de Lázaro Cárdenas le dieron duro a la patronal. ¡Quienes trabajan deben gobernar!”, Espartaco No. 26, septiembre de 2006). Y los sindicatos afiliados al PRI suelen estallar huelgas económicas.
El GI se negó a defender a la dirección del SNTMMSRM o al sindicato mismo contra el estado, sin duda debido a la dirección charra del sindicato y su historia de afiliación al PRI. Prefigurando su línea de que el arresto de Gordillo fue “un ajuste de cuentas en las altas esferas del poder”, el GI afirmó que el ataque contra Gómez Urrutia fue un “ajuste de cuentas dentro del régimen” (aun cuando el PRI no estaba en el poder). Aunque llamaba vagamente a “rechazar este golpe de fuerza del gobierno”, El Internacionalista/Edición México No. 2 del GI omitía cualquier llamado a la victoria de las huelgas o por el retiro de los cargos que enfrentaba el líder sindical. La cuestión que se planteó entonces era, como lo pone el viejo himno obrero estadounidense, ¿de qué lado estás? (which side are you on?), una prueba sencilla que el GI ha reprobado una y otra vez.
Un método en su locura
Para oscurecer su línea rompesindicatos respecto al SNTE, el GI recurre a cierto realismo mágico político, que, aun careciendo de todo mérito literario, sí consigue crear una niebla de confusión. Su artículo sobre Gordillo hace el punto de que su arresto fue “para aplastar a toda resistencia magisterial”, para después describir al SNTE como “una policía laboral que impide la movilización de los maestros”. Entonces, ¿por qué querría el gobierno debilitar esa fuerza arrestando a Gordillo? Con toda la lógica del mundo de Alicia a través del espejo, el GI proclama que “El estado que empleó a la asesina Gordillo...no tiene derecho a enjuiciar a su agente”, mientras exige, al mismo tiempo, ¡que ese mismo estado entregue a su agente “para que los maestros mismos la enjuicien por asesina”!
La consigna del GI “Peña Nieto, ¡manos fuera del magisterio!” no es sino un subterfugio que contrapone la defensa de quienes enseñan a la defensa de su sindicato. Otro nuevo misterio se plantea cuando el GI afirma que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la oposición properredista al interior del SNTE, “en los hechos actúa como gremio independiente” aunque “no ha roto con el SNTE”. En efecto, la CNTE lucha explícitamente por democratizar al SNTE desde el interior. La CNTE, una de las formaciones más combativas del movimiento obrero mexicano, está dirigiendo las actuales protestas contra la “reforma” educativa. Pero ¿cómo podría hacerlo si es un componente de lo que el GI descarta como una “agencia del estado, una policía laboral”?
Para mostrar un poco de “independencia” propia, el GI reprende a la dirección de la CNTE por “cooperar con —y hasta instar a— la PGR en su ‘investigación’” contra Gordillo. El que la burocracia de la CNTE cooperara con el estado contra la lideresa del SNTE fue en efecto un crimen contra la clase obrera. Pero es una hipocresía absoluta por parte del GI el condenar semejante colusión cuando él mismo es incapaz de defender a Gordillo, ni al sindicato que encabeza, contra el estado.
Ninguno de los giros verbales del GI busca realmente tener sentido. Más bien, están diseñados para encubrir su vulgar oportunismo. Haciendo a un lado todo criterio de clase, el GI juzga si un sindicato es auténtico dependiendo de cuán democrática parezca su dirección y, al menos en México, por el partido burgués que ésta apoye. En comparación con los burócratas de la CTM, que típicamente dirigen con puño de hierro, los líderes sindicales properredistas son más democráticos. Pero los líderes sindicales no charros cumplen la misma función como lugartenientes del capital al interior de la clase obrera, sin importar sus vacuas pretensiones de ser independientes de los partidos burgueses. Como escribieron nuestros camaradas del GEM en un artículo que trataba a profundidad la lucha contra el corporativismo del movimiento obrero mexicano:
“Estos líderes de los sindicatos ‘independientes’ atan a los trabajadores a la burguesía mexicana a través de otros medios, mediante la ideología del nacionalismo e ilusiones en la reforma ‘democrática’ del estado capitalista. Los revolucionarios buscamos intervenir en los sindicatos para remplazar a las direcciones burocráticas y nacionalistas con una dirección opuesta a todos los partidos de la burguesía”.
—“¡Romper con todos los partidos burgueses: PRI, PAN, PRD!”, Espartaco No. 14, otoño-invierno de 2000
Elevar la democracia por encima de la línea de clases ha sido desde hace mucho la fórmula que los “socialistas” oportunistas usan, y no sólo en México, para justificar sus invitaciones a los tribunales y agencias gubernamentales capitalistas a intervenir en los sindicatos para “limpiarlos”. A principios de los años 70, prácticamente todas las demás organizaciones de la izquierda vitoreaban al candidato del Departamento del Trabajo estadounidense, Arnold Miller, para que le arrebatara la dirección de los United Mine Workers (UMW, Obreros Mineros Unidos) a Tony Boyle, un gángster asesino. Nosotros fuimos los únicos en oponernos a ambos bandos. Después los miembros del UMW terminaron aborreciendo a Miller por su sumisión ante las compañías carboníferas durante la dura huelga de 1977-78. También puede verse el caso de Jimmy Hoffa, líder histórico de los camioneros. Si bien Hoffa no vacilaba en usar la violencia contra sus críticos internos, los marxistas nos opusimos a la larga vendetta que el Departamento de Justicia emprendió en su contra, pues significaba paralizar al sindicato que tenía el poder de cerrar todo el comercio de la nación.
En un ensayo de 1940, “Los sindicatos en la era de la decadencia imperialista”, el dirigente marxista León Trotsky formuló los principios guía de los marxistas en la lucha por forjar una dirección clasista en los sindicatos, parte esencial del esfuerzo por construir un partido obrero revolucionario. Trotsky escribió: “La primera consigna de esta lucha es: independencia total e incondicional de los sindicatos respecto al estado capitalista... La segunda consigna es: democracia sindical. Esta segunda consigna se desprende directamente de la primera y presupone para su realización la independencia total de los sindicatos del estado imperialista o colonial”.
Ésa es otra prueba que el GI ha reprobado miserablemente. Con enorme desvergüenza, su artículo sobre Gordillo pontifica respecto a la necesidad de una dirección sindical que insista en “la más completa independencia política con respecto al estado burgués”. Esto viene del mismo grupo cuyos partidarios en la ciudad brasileña de Volta Redonda arrastraron al sindicato de trabajadores municipales por los tribunales burgueses en 1996-97 en su intento por conservar la dirección de ese sindicato infestado de policías. Tras postular a la presidencia a un expolicía, los partidarios del GI entregaron a los tribunales los estados de cuenta bancarios, los libros de contabilidad, los estatutos y las minutas del sindicato (ver: “El encubrimiento del IG en Brasil: Manos sucias, mentiras cínicas”, en Espartaco No. 10, otoño-invierno de 1997).
Norden en su laberinto
La noción de que los sindicatos corporativistas no son más que meros apéndices del estado burgués no tiene nada que ver con el marxismo revolucionario. En su ensayo de 1940, que quedó incompleto debido a su asesinato por un agente estalinista, Trotsky respondió a esas tonterías moralistas refiriéndose en particular a México, donde la CTM formaba parte del partido gobernante bajo el nacionalista burgués de izquierda Lázaro Cárdenas. Al mismo tiempo, advirtió que los lazos que unían a los sindicatos al gobierno burgués de Cárdenas eran peligrosos para el proletariado, pese a la imagen “progresista” que había adquirido el régimen mediante actos como la nacionalización del petróleo, la educación “socialista” y la distribución de tierras. Trotsky escribió:
“En México, los sindicatos se han transformado por ley en instituciones semiestatales, y asumieron, como es lógico, un carácter semitotalitario. Según los legisladores, la estatización de los sindicatos se hizo en bien de los intereses de los obreros, para asegurarles cierta influencia en la vida económica y gubernamental. Pero mientras el imperialismo extranjero domine el estado nacional y pueda, con la ayuda de fuerzas reaccionarias internas, derrocar a la inestable democracia y remplazarla con una dictadura fascista desembozada, la legislación sindical puede convertirse fácilmente en una herramienta de la dictadura imperialista”.
Incluso en el marco del dominio burgués semibonapartista, los lazos de los sindicatos con el estado se fueron convirtiendo en medios que la burocracia usaba para vigilar a los obreros en nombre de los gobernantes capitalistas. Según una diatriba que el GI publicó en octubre de 2006 (“GEM: furgón de cola del frente popular”), este proceso culminó en la transformación de la CTM de un sindicato auténtico en una agencia estatal: “En el curso de la Segunda Guerra Mundial y tras los charrazos de la posguerra...los sindicatos de la CTM pasaron de ser instituciones semiestatales (como habían sido bajo Cárdenas) y se integraron completamente al estado capitalista. Para el principio de los años 50, la cantidad se había transformado en cualidad”. Para el GI, el carácter de clase de una organización sindical lo determina el rostro político de su dirigencia.
Esto se contrapone directamente al análisis de Trotsky. Señalando los lazos cada vez más estrechos de los sindicatos con el estado burgués, tanto en los países imperialistas como en los coloniales y semicoloniales, Trotsky escribió: “A primera vista, podría deducirse de lo antedicho que los sindicatos dejan de serlo en la era imperialista... Sin embargo esta posición sería falsa hasta la médula. No podemos elegir a nuestro gusto y placer el campo de trabajo ni las condiciones en que desarrollaremos actividad”. Trotsky podría haber estado escribiendo el epitafio del GI cuando advirtió:
“Toda organización, todo partido, toda fracción que se permita tener una posición ultimatista respecto a los sindicatos, lo que implica volverle la espalda a la clase obrera sólo por no estar de acuerdo con su organización, está destinada a perecer. Y hay que señalar que merece perecer”.
Entre otras cosas, la posición del GI de que los sindicatos habían dejado de ser organizaciones obreras para los años 50 embellece la situación bajo Cárdenas, cuando se llevó deliberadamente a la CTM al interior del partido de gobierno. Y si la guerra mundial y la Guerra Fría que le siguió fueron decisivas para cambiar el carácter de la CTM en México, ¿qué puede decirse de los sindicatos estadounidenses? La burocracia les impuso un juramento de no hacer huelgas durante la guerra, luego expulsó del movimiento obrero a los rojos y colaboró con la CIA para aplastar a los sindicatos dirigidos por rojos en Europa y Latinoamérica. No fueron pocos los izquierdistas y radicales pequeñoburgueses que descartaron a los sindicatos debido a las traiciones de sus pérfidos dirigentes. La conclusión de los marxistas fue la necesidad de luchar por una nueva dirección que transformara a los sindicatos en armas de la lucha de clases.
Todas éstas son cosas que el dirigente del GI Jan Norden solía saber, cuando era editor de Workers Vanguard. Cuando Joaquín Hernández Galicia (“La Quina”), el notoriamente brutal y corrupto líder del sindicato de Pemex (SRTPRM) fue arrestado en 1989, WV atacó la “metodología no clasista” de los intelectuales radical-liberales que se preguntaban “cómo se puede defender a este jefazo sindical”. Refiriéndonos a la Unión Soviética, que aún no había sucumbido a la contrarrevolución capitalista, escribimos en “Bazukazo contra los obreros mexicanos” (Workers Vanguard No. 470, 3 de febrero de 1989, y Spartacist [Edición en español] No. 22, abril de 1989):
“Los trotskistas, que comprendemos el carácter de clase de la URSS como un estado obrero a pesar de su degeneración burocrática bajo el dominio estalinista, y por tanto la defendemos contra el imperialismo, defendemos de la misma manera a los sindicatos contra los patronos a pesar de la burocracia entreguista que se asienta sobre estos reductos de poder obrero... Quienes no defienden a la Unión Soviética tampoco pueden defender al sindicato petrolero en México”.
De igual forma, no descartamos al SNTE como organización patronal cuando la CNTE estalló una huelga magisterial masiva tres meses después, sino que llamamos a barrer con los falsos líderes burocráticos mediante “una lucha clasista por la independencia sindical del estado burgués” (“México: Lucha obrera contra la austeridad hambreadora”, volante del GEM, abril de 1989). El GI tendría que explicar qué ha cambiado desde entonces.
En otro caso de lógica retorcida, el GI ha insistido en que los sindicatos venezolanos de la federación sindical corporativista CTV [Confederación de Trabajadores de Venezuela] —que desde su origen estuvo atada al partido Acción Democrática, que gobernó al país durante décadas— eran “organizaciones obreras” pese a sus “direcciones vendidas”. Cabe señalar que la CTV cumplió una función central como agente del imperialismo yanqui durante el intento de golpe de estado orquestado por EE.UU. contra el régimen de Hugo Chávez en 2002.
Para ahorrarle a nuestros lectores más de estos razonamientos tortuosos, iremos al grano. En 1996, Norden y cía. abandonaron a la LCI trotskista, lo que les permitió dar rienda suelta a sus apetitos oportunistas. En el México actual, el GI se acomoda a los ataques gubernamentales contra los sindicatos afiliados al PRI para apelar a las fuerzas nacional-populistas en torno y al interior del PRD. Para los marxistas revolucionarios, nadar contra la corriente nacionalista forma parte de la tarea de construir un partido obrero leninista independiente de todos los partidos burgueses —PRI, PAN, PRD, Morena— y opuesto a ellos. Como escribió Trotsky en la conclusión de su ensayo de 1940: “En realidad, la independencia de clase de los sindicatos en cuanto a sus relaciones con el estado burgués, solamente puede garantizarla, en las condiciones actuales, una dirección de la IV Internacional”.
http://www.icl-fi.org/espanol/eo/38/snte.html
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2016.06.04 12:32 ShaunaDorothy PRI, PAN, PRD, PANAL: ¡Ninguna opción para explotados y oprimidos! ¡Ni un voto a los partidos burgueses! AMLO: Caudillo populista del capital - ¡Forjar un partido obrero! (Junio de 2012)

https://archive.is/fAX2u
Espartaco No. 35 junio de 2012
Un mes antes de las elecciones presidenciales, parece que el Partido Acción Nacional (PAN) será un partido de “oposición” una vez más, y que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México por siete décadas, podrá regresar a Los Pinos. Para la clase obrera, no hay candidato por el cual votar. Todos los candidatos —desde Josefina Vázquez Mota del gobernante PAN y Enrique Peña Nieto del PRI, hasta Andrés Manuel López Obrador del PRD populista burgués y Gabriel Quadri de la reaccionaria y algo bizarra Nueva Alianza— son igualmente enemigos de los intereses de los obreros y oprimidos. Todos los candidatos defienden la explotación capitalista y, por ende, no harán nada para combatir los males que son consecuencia de esa explotación. No importa quién gane en julio el puesto de presidente de México, seguirá el hambre, la represión, el desempleo, la opresión de la mujer y la miserable pobreza en el campo, la cual golpea principalmente a la población indígena.
Apoyamos la participación de la clase obrera en la política, pero eso no significa escoger entre las candidaturas que presenta la burguesía. Estamos por la participación independiente de los obreros. En este momento, no existe en México un partido obrero, ni un candidato que trace siquiera una tenue línea de clases. Bajo estas circunstancias no podemos más que hacer propaganda marxista en la lucha por quitar los obstáculos ideológicos en el camino al futuro partido independiente del proletariado.
Revolución obrera vs. reforma del estado burgués
Los marxistas revolucionarios nos oponemos por principio a postular candidatos para puestos ejecutivos del estado capitalista —por ejemplo el de presidente, alcalde o gobernador estatal—, sin excluir por adelantado darle apoyo crítico a otras organizaciones obreras en situaciones apropiadas. Esta posición fluye de nuestro entendimiento de que el estado capitalista existe para defender los intereses de la clase dominante. En su núcleo, el estado consiste en destacamentos de hombres armados —el ejército, la policía, los tribunales y las cárceles— que sirven para proteger el dominio de clase de la burguesía y su sistema de producción. Lejos de administrar el estado capitalista, los comunistas luchamos por destruirlo y remplazarlo con un estado obrero mediante la revolución socialista. Los diputados comunistas pueden participar, como opositores, en los parlamentos y otros cuerpos legislativos burgueses, actuando como tribunos revolucionarios de la clase obrera; pero asumir un puesto ejecutivo u obtener el control de una legislatura burguesa o un ayuntamiento municipal burgués exige tomar responsabilidad de la maquinaria del estado capitalista (ver: “Los principios marxistas y las tácticas electorales”, Spartacist [Edición en español] No. 36, noviembre de 2009).
En contraste, algunos falsos trotskistas aspiran a postularse para comandante en jefe del estado capitalista. La Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) lamenta no poder participar: “Como en 2006, estas elecciones son profundamente antidemocráticas ya que los trabajadores y la izquierda estamos impedidos, por las leyes electorales, de participar con nuestros candidatos/as, algo que ni siquiera la oposición perredista denuncia” (Estrategia Obrera No. 94, abril de 2012). Ciertamente, no somos indiferentes a los derechos electorales —como notamos al oponernos al desafuero de López Obrador en 2005—, y nos oponemos a la legislación que limita la participación electoral a los partidos (burgueses) establecidos. Sin embargo, postularse para un puesto ejecutivo de cualquier nivel o asumirlo no es un escalón hacia la movilización revolucionaria de las masas obreras, sino que sirve para fortalecer las ilusiones prevalecientes en la posibilidad de poner el estado capitalista al servicio de los explotados y oprimidos y, con ello, para fortalecer las cadenas que atan al proletariado a su enemigo de clase.
El centrista Grupo Internacionalista (GI) se opone a nuestra línea principista e incluso no rechaza la posibilidad de asumir puestos ejecutivos “en caso de ser elegidos”, al menos en una situación revolucionaria. Al contrario de las afirmaciones de estos “cretinos ejecutivos”, si algo hay que aprender de la larga historia de derrotas y oportunidades desperdiciadas es que es precisamente en las situaciones revolucionarias cuando las ilusiones en el estado capitalista tienen un impacto más nocivo, al desviar la lucha de la clase obrera por la toma del poder hacia la mera presión a los administradores de la explotación capitalista (ver: “El GI y los puestos ejecutivos: El centrismo de las cloacas”, Espartaco No. 29, primavera de 2008).
Austeridad y represión capitalistas
Estas elecciones se dan en el contexto de una crisis económica mundial que ha golpeado con saña a la población y ha sido un factor clave en el declive de la popularidad del PAN. En América, sólo México y Honduras tienen tasas de pobreza que se incrementaron de 2009 a 2010. Incluso el gobierno, a través del CONEVAL, admite que 52 millones de mexicanos viven en la pobreza, y casi la mitad de ellos no tiene siquiera suficiente para comer. Josefina Vázquez Mota, en una propuesta obscena que hace recordar a María Antonieta (“¡Que coman pastel!”), les dice a las masas hambrientas que se las arreglen con...crédito.
Además, la creciente vigilancia en la frontera y las medidas antiinmigrantes en EE.UU. han minimizado la válvula de escape de la migración al vecino del norte, haciendo esta opción cada vez menos viable. El hecho de que tanta gente siga poniendo su vida en riesgo al cruzar el desierto para llegar a EE.UU. es simplemente una medida de la desesperación de las masas mexicanas.
Otro factor crucial en el desahucio del PAN ha sido la brutal “guerra contra el narco”, la cual ha cobrado, según cifras del gobierno, unas 47 mil 500 vidas. Esta “guerra” no tiene nada que ver con proteger a la población; es una justificación para fortalecer al estado y limitar aún más los derechos de la población. Y aunque los demás candidatos tratan de aprovecharse del extendido hartazgo con la brutalidad estatal/criminal, todos concuerdan en lo mismo: fortalecer, de una u otra forma, al estado burgués.
El PAN parece haber pensado que una mujer, por el solo hecho de serlo, podría ampliar su base sobre todo entre el electorado del centro del país. Pero como señala la historiadora Jocelyn H. Olcott, Vázquez Mota “hace campaña explícitamente como alguien que confirma los estereotipos convencionales de género en vez de desafiarlos”. En lo que concierne a la “guerra contra el narco”, Vázquez Mota promete no sólo continuar la política calderonista sino fortalecerla mediante la creación de una “Policía Nacional Militarizada” (Proceso, 20 de mayo de 2012).
Peña Nieto es bien conocido como un tecnócrata neoliberal y un represor brutal, el ejecutor principal de la sangrienta represión contra los campesinos de Atenco en 2006. Por su parte, López Obrador pugna por fortalecer “el trabajo de inteligencia y la profesionalización de la investigación”, es decir, reforzar a la policía secreta y los servicios de espionaje. En calidad de jefe de gobierno del DF, fue AMLO el primero en desatar la represión estatal contra los campesinos de Atenco, al dar rienda suelta a los granaderos contra una manifestación de los atenquenses en noviembre de 2001. Entre las principales comparsas de campaña de AMLO se encuentra nada menos que Manuel Bartlett, antiguo priísta —como AMLO mismo— y secretario de gobernación —es decir, policía en jefe al nivel federal— bajo Miguel de la Madrid en los años 80, y artífice del fraude electoral que dio la presidencia a Carlos Salinas de Gortari en 1988. Ahora, AMLO propone para secretario de educación a Juan Ramón de la Fuente, quien solicitó la movilización masiva de la PFP en febrero de 2000 para romper la combativa huelga estudiantil de la UNAM y encarcelar a cientos de estudiantes.
Para ser justos, en lo que concierne a medidas de austeridad y represión, los demás candidatos se han visto superados por el grotesco y peligroso Gabriel Quadri del PANAL, títere de “La Maestra” Elba Esther. Consciente de que no tiene nada que perder, Quadri dice sin tapujos que está simplemente por privatizarlo todo —desde Pemex y la CFE hasta el metro— y multiplicar las fuerzas policiacas por diez. Quadri se queja de que Fox y Calderón supuestamente desmantelaron el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) al reorganizarlo y fingir hacerlo “transparente”. El bonapartista rabioso Quadri quisiera reforzar aún más estos cuerpos de “inteligencia” del estado, es decir, los que se encargan del espionaje contra la ciudadanía y deciden quiénes deben ser “desaparecidos”.
De 2006 a 2012
En el año electoral de 2006, la burguesía mexicana enfrentó una verdadera crisis política: el descontento social encontró cauce en luchas de clase y sociales masivas y combativas. Ya en 2005 más de 1.2 millones de personas se habían manifestado contra el intento por parte del PAN de descalificar a su principal oponente, López Obrador, a través del desafuero. El éxito de Fox en esta empresa habría significado un golpe contra el sufragio efectivo, la finísima capa de democracia que cubre a un México volátil y el derecho de la clase obrera a organizarse. A fin de cuentas, Fox y cía. recularon y recurrieron al medio más tradicional del fraude para meter a su hombre a Los Pinos.
Poco después de la combativa huelga de obreros siderúrgicos de Sicartsa en Michoacán —durante la cual los mineros-metalúrgicos resistieron exitosamente a las fuerzas del gobierno federal panista y el estatal perredista al costo de dos obreros muertos—, luego que los campesinos de Atenco eran abatidos a sangre y fuego, y mientras todavía estaba ocupado el centro de Oaxaca por maestros en huelga, el fraude electoral de julio de 2006 tocó un nervio. Más de dos millones de personas se manifestaron contra el fraude el 30 de julio. Luego AMLO armó un plantón en Reforma, que interfería con el tránsito en una sección importante de la ciudad. La ocupación de Oaxaca continuó hasta que fue aplastada por las fuerzas del estado en noviembre. En diciembre, Calderón hizo de su toma de protesta un apresurado evento (de cinco minutos) totalmente militarizado a causa de la enorme protesta que rodeaba San Lázaro. En enero de 2007, un alza de 40 por ciento en el precio de la tortilla, que pasó a ser conocida como el Tortillazo, hizo que la gente —encabezada por poderosos sindicatos obreros— saliera de nuevo en masa a las calles.
López Obrador desempeñó el papel más importante en la desactivación de esa situación potencialmente explosiva; valiéndose de su amplio apoyo entre las masas, se aseguró tempranamente de que las movilizaciones quedaran circunscritas en el marco de la política electoral burguesa. AMLO presenta los plantones como una postura racional para controlar a sus seguidores:
“Lo del plantón de Reforma y el Zócalo se hizo para evitar la violencia. Nos costó mucho, fuimos cuestionados mucho por eso, pero hay que decirles que si no hubiésemos tomado esa decisión hubiera habido muertos... Ayudamos para que podamos salvar a México” (Proceso, 19 de diciembre de 2011).
Aunque sus oponentes burgueses no se le muestren muy agradecidos, en esa ocasión el PRD desempeñó su papel histórico al disipar la furia de las masas, logrando regresar al México capitalista a una situación de relativa estabilidad.
Ahora, ya terminando el sexenio de Calderón, las luchas obreras han sido mucho más escasas y aisladas. El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), históricamente uno de los sindicatos más combativos de México, ya no existe como un sindicato con fuerza social derivada de su conexión con los medios de producción y la industria, sino sólo como una organización de ex obreros que luchan por regresar a sus viejos trabajos. Están en esta posición de debilidad, tras la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, porque fueron dejados morir solos por los demás sindicatos que podrían haber mostrado su poderío a través de acción huelguística en defensa del SME. Las burocracias sindicales procapitalistas, incluida la del propio SME, se limitaron en vano a ejercer presión sobre el gobierno mediante marchas y canalizaron el descontento hacia las ilusiones parlamentaristas, lo cual condujo a una derrota histórica para la clase obrera de México.
En la víspera de las elecciones presidenciales de 2006, AMLO —montado en la lucha social combativa— presentaba una cara un poco más de izquierda, y su lema de campaña era “Por el bien de todos, primero los pobres” (que de por sí recordaba a la teología de la liberación que los curas jesuitas impulsaban para arrear de vuelta a las ovejas que se apartaban del camino del señor y contemplaban peligrosas ideas radicales). Ahora, AMLO recurre a la cursilería risible de la “república amorosa”. No es que haya cambiado su naturaleza o siquiera su política en alguna forma fundamental (era un político burgués y lo sigue siendo), sino que considera que le conviene tener una imagen más “respetable”. Ahora trata ostentosamente de extender su mano hacia los hombres de negocios, no sea que alguien piense que es algún tipo de radical.
2012: Reacción clerical a la alza
El PAN —partido histórico de la reacción clerical— hace todo lo posible por impulsar sus prioridades religiosas oscurantistas. Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, expresó esencialmente la posición del PAN al despotricar contra los derechos democráticos elementales del matrimonio gay y el aborto, reclamando que los perredistas “han creado leyes destructivas de la familia, que hacen un daño peor que el narcotráfico. Marcelo Ebrard y su partido el PRD, se han empeñado en destruirnos” (El Universal, 17 de agosto de 2010). En esta cruzada, el PAN no podía contar con mejor aliado que el mismísimo papa, quien fungió como orador principal en lo que fue, de hecho, el mitin de lanzamiento de la campaña panista en Guanajuato en marzo pasado.
Como parte de esta ofensiva clerical, la visita del papa a la cuna de la rebelión cristera sirvió también de contexto para el lanzamiento de la película Cristiada, protagonizada nada menos que por el gusano Andy García. Casi cada iglesia católica ostenta aún un cartel promoviendo esta bazofia en celuloide que celebra a los fundamentalistas católicos que se rebelaron, a las órdenes de la iglesia, contra las políticas jacobinas burguesas del gobierno de Plutarco Elías Calles en los años 20. Entre otras piadosas aficiones, los cristeros —declarados oficialmente santos por el Vaticano— gustaban de cortar orejas, especialmente de las maestras rurales que se identificaban con la ideología del gobierno federal.
La iglesia católica y el gobierno panista han estado trabajando juntos para ir minando la separación histórica entre la iglesia y el estado —ganada mediante la guerra civil de Reforma juarista— y para aumentar el papel de la iglesia en la vida pública. Las disputas coincidieron con la visita del papa, y en marzo se aprobó una enmienda al artículo 24 de la constitución que elimina algunas de las restricciones sobre las actividades de las instituciones religiosas (la enmienda ahora va a los estados para ratificación). Mientras la derecha clerical dice no querer cambiar el artículo 3° constitucional que establece que la “educación [impartida por el estado] será laica”, el senador del PAN Santiago Creel Miranda lo dejó muy claro: “la reforma [del artículo 24] es para que los padres de familia tengamos el derecho de determinar si nuestros hijos van a tener o no educación de carácter religiosa”.
Como escribimos en 2005 en respuesta al cambio de nombre de la avenida Benito Juárez García a Juan Pablo II, entonces recién fallecido:
“Juárez estableció la separación entre la iglesia y el estado y la educación laica y forzó la venta de los latifundios de la iglesia. El papa Pío IX declaró ‘nulas y sin valor’ las leyes juaristas y excomulgó al propio Juárez. Nosotros, como comunistas y ateos combativos, somos acérrimos defensores de este legado de Juárez y decimos: ¡Ni una lágrima, ni una calle para el papa de la contrarrevolución!”
—“¡Viva Juárez! ¡Abajo Wojtyla! ¡Por la separación de la iglesia y el estado!”, Espartaco No. 24, verano de 2005
Ninguno de los candidatos, ni sus partidos, es capaz de ofrecer una verdadera oposición al involucramiento de la iglesia en la vida política del país. Vázquez Mota, López Obrador y Peña Nieto asistieron a la misa que ofició el papa Ratzinger el 25 de marzo —por cierto, al pie del Cerro del Cubilete, el principal santuario cristero—, y luego los cuatro candidatos se reunieron individualmente con el pleno de los obispos mexicanos para definir sus posturas acerca de varias cuestiones sociales —y obtener su bendición—. Aunque AMLO procura no oponerse abiertamente a las leyes promulgadas por su partido en el DF que permiten el matrimonio gay y el aborto (el último sólo durante los primeros tres meses de embarazo), y que gozan de gran popularidad entre un sector importante de la población local, durante su audiencia en el episcopado, AMLO prometió a los obispos que, como presidente, sometería las leyes en torno al aborto y el matrimonio gay a plebiscito.
Como marxistas revolucionarios, defendemos las reformas sobre el aborto y el matrimonio (y divorcio) gay como derechos democráticos elementales. Al mismo tiempo, nos oponemos a las restricciones al aborto y a las penas de hasta seis meses de prisión a las mujeres que reciban un aborto después de los tres meses de embarazo, y de hasta tres años a quienes lo practiquen. ¡Plenos derechos democráticos para los homosexuales! ¡Aborto libre y gratuito en todo México! ¡Abajo el límite de doce semanas! ¡Abajo todas las penas!
Populistas y neoliberales
El burdo conservadurismo clerical y las políticas represivas y en general derechistas del PAN permiten al PRD —y hoy, en cierta medida, incluso al odiado PRI con Peña Nieto al frente— presentarse como una alternativa más amigable a las masas y como un vehículo para obtener ansiadas conquistas democráticas. La popularidad de AMLO deriva principalmente de su retórica antineoliberal, dirigida contra el fantasma de Salinas de Gortari, al tiempo que trata de mantener su asociación con Carlos Slim, el hombre más rico del mundo y el principal beneficiario de las privatizaciones salinistas, quien hoy propone aumentar la edad de jubilación (La Jornada, 18 de mayo). AMLO se declara contra la privatización del sector energético y en el DF llevó a cabo medidas como subsidios a los ancianos y las madres solteras.
Es necesario que la clase obrera rompa con AMLO, el PRD burgués y las diversas organizaciones asociadas con él. AMLO es la versión mexicana del populismo nacionalista que ha caracterizado a varios regímenes latinoamericanos en épocas recientes (prominentemente Hugo Chávez en Venezuela). Debido a la debilidad intrínseca de las burguesías de los países de desarrollo capitalista atrasado, en la medida en que la clase dominante nacional (o un sector de ella) intenta ofrecer alguna medida de resistencia al imperialismo, se tiene que apoyar en el proletariado, es decir, utilizarlo. Históricamente —como en los casos de Lázaro Cárdenas en México, Perón en Argentina o Nasser en Egipto—, las burguesías tercermundistas han recurrido al populismo nacionalista para ganar el apoyo de la poderosa clase obrera y colocarse en una mejor posición para renegociar los términos de su propia subordinación a los imperialistas. En este sentido, es revelador el hecho de que el PRD ni siquiera esté por echar abajo el TLCAN, principal vehículo actual de la subordinación económica de México a EE.UU. y también una de las principales causas de la devastación económica, especialmente en el campo. El PRD está simplemente por “renegociar” este tratado de rapiña imperialista.
El populismo nacionalista y el neoliberalismo son simplemente políticas alternativas del régimen capitalista, a menudo seguidas por el mismo individuo según lo dicten las exigencias del momento. Un ejemplo de esto lo da la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien en los años 90 apoyó la privatización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). En 2010, Argentina tuvo que importar petróleo por primera vez desde la privatización, y parece que la burguesía decidió usar otra táctica para asegurar su riqueza proveniente de la explotación de la clase obrera. Así, en mayo el gobierno de Fernández expropió (sólo) 51 por ciento de la petrolera YPF, enfureciendo a España y a la petrolera Repsol, que había comprado YPF. Defendemos esta expropiación como una medida de autodefensa llevada a cabo por un país dependiente, aunque, al contrario de las afirmaciones de toda una gama de nacionalistas e “izquierdistas”, no plantea un reto contra la propiedad privada capitalista y no tiene nada que ver con el socialismo —ni siquiera es particularmente izquierdista para estándares burgueses—.
He aquí el dilema de México, el cual señalamos al escribir en contra de la privatización de Pemex:
“Independientemente de lo que hagan con Pemex, de quién gobierne y bajo qué programa, el México capitalista seguirá siendo un productor de petróleo atrasado y subyugado por el imperialismo, sujeto a las crisis del mercado y las fluctuaciones enloquecidas de los precios del crudo. No se puede romper el yugo imperialista ni satisfacer las necesidades de la población bajo el capitalismo, menos cuando se basa principalmente en una industria extractiva en un país semicolonial”.
—“¡Abajo la reforma privatizadora de Pemex!”, Espartaco No. 30, invierno de 2008-2009
La solución estriba en desechar el marco de escoger “el mal menor” bajo el capitalismo y luchar por una revolución socialista. Nos guiamos por el entendimiento que estuvo detrás de la Revolución Rusa de 1917:
“La experiencia desde la Segunda Guerra Mundial ha validado totalmente la teoría trotskista de la revolución permanente que declara que en la época imperialista la revolución democrático-burguesa sólo puede ser completada por la dictadura del proletariado, apoyada por el campesinado. Los países coloniales y semicoloniales sólo pueden obtener su genuina emancipación nacional bajo la dirección del proletariado revolucionario. Para abrir el camino al socialismo, se requiere la extensión de la revolución a los países capitalistas avanzados”.
—“Declaración de principios y algunos elementos de programa” de la LCI, Spartacist (Edición en español) No. 29, agosto de 1998
“Izquierdistas” a la cola de AMLO y el PRD
Un argumento de los falsos marxistas que votan por AMLO es que hay que luchar contra el neoliberalismo. Esto tiene variantes, pero a fin de cuentas lo que significa es apoyar al ala supuestamente progresista de la burguesía como el mal menor. Según los que piensan así, esto es un paso en dirección de una revolución obrera, pero en realidad es un gran paso atrás. Una alianza de colaboración de clases es una derrota ideológica para el proletariado. El propósito histórico de formaciones burguesas de “izquierda” es apaciguar a la clase obrera y los oprimidos con migajas para que la explotación pueda continuar. Es suavizar los bordes ásperos del capitalismo para que parezca mejor a la vista de los explotados y que éstos no se levanten en su contra. Es la zanahoria en vez del garrote, aunque en una sociedad poco estable como México, hay bastante garrote también.
Varios grupos que se hacen llamar “trotskistas”, incluyendo al Partido Revolucionario de los Trabajadores y ambos bandos de la escisión de los seguidores del difunto laborista Ted Grant (Tendencia Marxista Militante e Izquierda Socialista), llaman a votar por López Obrador. El PRT, trata de dar a esta colaboración de clases una absurda cubierta “obrera” a través de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), que no es más que un nuevo vehículo de campaña de AMLO (también está el Morena), para cuando quiere fingir que es algo diferente, más a la izquierda que el PRD. Los grantistas de la TMM y de la IS, que han estado dentro del PRD por 22 años, justifican su colaboración de clases diciendo que es trabajo entre las masas. Trabajo tal vez, pero ciertamente no revolucionario, ya que fortalecen las ilusiones de que con presión AMLO y/o el PRD pueden representar los intereses de los obreros y oprimidos.
Aunque nos pueda causar beneplácito el bochorno que ha tenido que enfrentar Peña Nieto ante las manifestaciones en su contra en el DF y los abucheos multitudinarios que recibió en la Ibero en mayo, no ayuda a los obreros y oprimidos oponerse al PRI para apoyar al PRD. En estas elecciones no hay opción para los obreros. Gane quien gane —Peña Nieto, López Obrador o Vázquez Mota—, la clase obrera enfrentará un fortalecimiento de la ofensiva capitalista contra sus conquistas y sus intereses. Los obreros estarán mejor preparados para las futuras batallas si no se dejan engañar por el PRD, si se niegan a votar por ese partido burgués (y sus satélites). Sobre todo, la clase obrera necesita una nueva dirección, una dirección revolucionaria. Luchamos para forjar el partido leninista que algún día dirigirá a los obreros en el derrocamiento victorioso del capitalismo. ¡Reforjar la IV Internacional, partido mundial de la revolución socialista! ¡Por la revolución socialista en toda América!
Luchando por el comunismo en el periodo postsoviético
La realidad es que la revolución proletaria y su extensión internacional son el único medio para dar solución a los problemas candentes de la clase obrera y los oprimidos. La revolución socialista internacional abriría el camino para el desarrollo de las fuerzas productivas para la satisfacción de las necesidades de la población —no ya para el grotesco enriquecimiento de unos cuantos—. Sentaría las bases para el advenimiento de una nueva sociedad sin clases, en la cual la explotación y la opresión serían cosa del pasado. En tal sociedad, se habrá vencido la escasez económica, lo cual llevará a la eliminación del trabajo asalariado (“de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad”). El trabajo enajenado habrá sido remplazado por el trabajo creativo, científico y cultural. El estado se habrá extinguido, de manera que el gobierno sobre los hombres será sustituido por la administración de las cosas. Y la familia habrá sido remplazada por instituciones colectivas para el trabajo doméstico y la crianza de los niños.
Hoy día, esta perspectiva comunista es ampliamente descartada como una mera utopía, en el mejor de los casos. Para entender mejor esta época, tenemos que ubicarla en el contexto de la contrarrevolución capitalista en la URSS, una derrota histórica para la clase obrera y los oprimidos. Ésta ha cambiado la relación de fuerzas a favor del imperialismo y también ha resultado en un retroceso en la conciencia. La adopción de la idea de la “muerte del comunismo” impulsada por los imperialistas significa no creer que sea posible una civilización comunista mundial en el sentido marxista.
Como señaló un camarada durante discusiones acerca de las condiciones ideológicas de nuestra época, nuestros oponentes en la izquierda no comparten nuestra perspectiva y objetivos históricos:
“La gran mayoría de quienes se consideran izquierdistas mayores a, digamos, 40 o 50 años consideran que es utópico pensar que pueda existir en el futuro una sociedad como la que se describe arriba. La abrumadora mayoría de los izquierdistas más jóvenes, representados, por ejemplo, en el medio de los ‘foros sociales’ [hoy los movimientos ‘ocupa’], en efecto ignoran el concepto marxista de una civilización comunista global y les resulta indiferente. Sus preocupaciones son defensivas y minimalistas —el apoyo a los derechos democráticos de los pueblos oprimidos (por ejemplo, los palestinos), el detener el desmantelamiento del ‘estado benefactor’ en Europa Occidental, el evitar que se degrade aún más el medio ambiente (calentamiento global)—”.
—“Critical Notes on the ‘Death of Communism’ and the Ideological Conditions of the Post-Soviet World”, [Notas críticas acerca de la “muerte del comunismo” y las condiciones ideológicas del mundo postsoviético] Workers Vanguard No. 949, 1° de enero de 2010
Es necesario pues nadar contra la corriente, interviniendo en las luchas de clases y sociales con un programa marxista revolucionario —es decir, trotskista—, para ganar a la vanguardia del proletariado y a una nueva capa de la juventud a la lucha por la revolución obrera. ¡Por nuevas revoluciones de Octubre alrededor del mundo! ¡Por un futuro comunista, la única solución a la miseria de este mundo!
http://www.icl-fi.org/espanol/eo/35/elections.html
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2016.03.07 11:11 EDUARDOMOLINA ENTREVISTA CON VICENÇ NAVARRO.- El neoliberalismo como opio del pueblo.- Por Ignacio González Orozco.- Diario Público.

http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/denuncias/3215-el-neoliberalismo-como-opio-del-pueblo
Vicenç Navarro se mueve con igual soltura en la teoría y en la praxis. Por ello, para empezar nuestra conversación, comentamos las críticas del filósofo argentino Mario Bunge, azote de las pseudociencias, a Friedrich Hayek, gurú del neoliberalismo contemporáneo y gran deificador del mercado. La doctrina oficial neoliberal, vigente en nuestros días, caracteriza al mercado como un ser inteligente y con capacidad factual efectiva, que corrige y castiga las decisiones de los políticos y de los pueblos siguiendo leyes implacables de las que voluntariamente se ha dotado. Algo así como el Dios airado del Antiguo Testamento. A lo que Navarro contesta rotundo: “El neoliberalismo es una religión, fundada por los dioses económicos que rigen el mundo, y que se sostiene a base de fe, promovida por los medios que se llaman de información pero que básicamente son de persuasión, controlados por aquellos dioses”. En suma (concluyo): el neoliberalismo como opio del pueblo.Lo cual indica que las cuestiones de fe se resuelven, en última instancia, en planificaciones de interés como las que están presentes en las caras visibles de la economía. Dicho de otro modo: en los economistas mediáticos, muchos de los cuales pretenden imponer el tecnicismo a la política. Sin embargo, ni la actitud ni las conclusiones de nadie, técnicos incluidos, están libres de condicionamientos diversos (los principales, de índole ideológica o de interés). “La gran mayoría de economistas que gozan de gran visibilidad mediática —apunta Navarro—pertenecen a la religión neoliberal. En España, la falta de diversidad en los medios y la carencia de actitud crítica de estos hacia la sabiduría convencional explica que se les vea como científicos, cuando son meros propagandistas que, con vocación apostólica, intentan promover un mensaje que beneficia a los intereses financieros y económicos a los cuales sirven”
Dicho lo cual, le pido permiso para contar un chiste (los neoliberales no lo consideran tal): en su origen, la culpabilidad de la crisis económica mundial iniciada en 2007 no recayó sobre la especulación bancaria, sino sobre el Estado —así, como paradigmático monstruo— que no cumplió con su labor de regulación. ¿No fue aquella debacle, entonces, un error de tahúr de la “mano invisible”?: “Creerse que el mercado es el que hoy define las prioridades en la producción y consumo, es de una gran ingenuidad que contrasta con la realidad documentada por la evidencia científica. En la actualidad, la enorme concentración del capital, que ha alcanzado niveles sin precedentes, muestra la ridiculez de tal supuesto. Lo que ocurre en el mercado financiero, por ejemplo, es resultado de lo que decide un número muy reducido de entidades financieras que manipulan lo que llaman “mercado” para su propio beneficio. Y estas entidades tienen un enorme control sobre las instituciones mal llamadas representativas, que más que representar los intereses de la ciudadanía están representando los intereses de aquellas entidades”. De lo cual colige un servidor que la tan traída doctrina de la “responsabilidad personal” blandida por los neoliberales descubridores de la sopa de ajo no afecta a las bellaquerías de sus amados banqueros (colofón: digan lo que digan, pobre del Estado que hubiera puesto en práctica las normas de supervisión de la actividad bancaria, lo hubieran tildado como mínimo de estalinista).
Vicenç Navarro y el catedrático sevillano Juan Torres elaboraron las bases del programa económico de Podemos e insistieron en que su documento era realista, alejado de cualquier ingenuidad utópica y atento a las constricciones del contexto político y económico en el que nos movemos. Sin embargo, a Podemos se le sigue acusando de fantasioso, sobre todo por la escasa cancha que la pertenencia a la UE concede a las políticas de ámbito nacional. Por supuesto, Navarro se defiende: “Las propuestas que hicimos Juan Torres y yo son tan realizables que se han implementado en otros países pertenecientes también a la Eurozona. Lo que falta en España es la voluntad política para hacerlo; en vez de ello se llevan a cabo políticas neoliberales que están dañando muchísimo al bienestar de las clases populares de este país. El establishment financiero-económico-político-mediático define como utópico todo proyecto que cuestiona su poder. El hecho de que las políticas propuestas se hayan realizado en otros países muestra que son factibles. El que esas políticas se hagan en aquellos países, como ocurre en muchos de los estados escandinavos, no es porque sean utópicas, sino porque las relaciones de poder son distintas en el norte y en el sur de Europa. En el norte de Europa, el mundo del trabajo ha sido muy poderoso, al revés de lo que ocurre en el sur del continente”
Así que la brecha norte-sur aparece no solo a efectos de desarrollo material, sino también de compromiso y voluntad de participación social. Una brecha que de por sí se ha esbozado con dimensiones de abismo con ocasión de la crisis del euro, que ha mostrado los colmillos de la Europa rica ante la piel de oveja de sus socios —¿o serán criados?— más pobres. Vicenç Navarro también se ha manifestado en términos críticos con respecto al actual diseño del euro, claramente favorable al líder norteño, Alemania, pero no parece un enemigo conceptual de la moneda única: “Soy muy crítico con el diseño y gobernanza del euro, que se hizo única y exclusivamente para optimizar los intereses del capital financiero y sobre todo del establishment alemán. El tema, pues, no es tanto si euro si o euro no, sino qué tipo de moneda única queremos, con qué diseño y con qué sistema de gobierno. Es obvio que el sistema actual está beneficiando al establishment alemán a costa del bienestar de las clases populares de los países que llaman periféricos, incluyendo España”.El euro entró en crisis y el Banco Central Europeo (BCE) fue durante largo tiempo espectador mudo —y manco— de la especulación cernida sobre las deudas soberanas de los países comunitarios.
Después, cuando Mario Draghi vio que las orejas del lobo apuntaban hacia su país, Italia, decidió lanzar un capote sobre los socios más endeudados con la compra de bonos de deuda soberana (brindándole un favor, de paso, a las cuentas del gobierno de Mariano Rajoy). Pero, ¿podría hacer más el BCE por los países en crisis? ¿Y si vendiera su “dinero barato” (sic) directamente a los estados en vez de a la banca privada, que se sirve del mismo con fines especulativos? “El BCE debería comprar las deudas públicas directamente, y no indirectamente a través de la banca privada. El actual BCE actúa más como un lobby de la banca privada que no como un instrumento de los estados miembros de la Eurozona. En realidad, el BCE no es un banco central. Si se lo compara con la Reserva Federal estadounidense o con el Banco de Inglaterra, o con el Banco del Japón, puede verse que la única función del BCE es controlar la inflación y no, como debería ser, estimular la economía para facilitar su crecimiento y la creación de empleo”. Pero otras veces, cuando el BCE actúa, el príncipe le sale rana. Así ocurrió a finales de 2011, cuando inyectó en la banca española la friolera de 130.000 millones de euros para mantener abiertas las líneas de crédito. Los señores banqueros, muy listos ellos, aprovecharon la bicoca para comprar bonos de deuda de España y otros países, sin atender a la finalidad para la que habían recibido esa inmensa cantidad de dinero. ¿Cómo es posible que ni la autoridad bancaria europea ni el Estado español hayan tomado cartas en el asunto? Según Navarro, “la respuesta es muy fácil: porque los capitales financieros tienen una excesiva influencia sobre el Estado español y sobre el BCE”.
Del BCE llegó también la maldición bíblica del rescate bancario, que condena al endeudamiento a tres generaciones de ciudadanos españoles. Y por si eso fuera poco, la hija dilecta de aquella maquinación, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), ha premiado con dinero público las malas prácticas especulativas de los bancos y su correlato inmoral, la masificación del desahucio. ¿Cuál hubiera sido una buena alternativa a todo este desmán? ¿Tal vez una quiebra ordenada de los bancos con responsabilidad principal sobre consejos de administración, compromisarios y accionistas? “La respuesta es a muchos niveles. Las prácticas especulativas de los bancos tendrían que haber sido penalizadas por el Estado, recayendo el coste del rescate en los equipos de dirección y accionistas de los bancos. Y cualquier aportación pública tendría que realizarse a través de instituciones bancarias públicas que corrigieran la situación actual, en que el sector público bancario en España es de los más limitados y pequeños existentes en Europa.” En este sentido, nuestro interlocutor cree que “debería exigirse en la Constitución española que los bancos se consideraran instituciones con función social y que, por lo tanto, garantizaran el flujo de crédito a los ciudadanos, como por ejemplo a las familias y las empresas pequeñas y medianas. Y por otra parte, deberían potenciarse bancas públicas de tipo cooperativo, incluyendo cooperativas de crédito”.
Centrándonos en España. Navarro no cree que los mayores problemas del país sean esencialmente económicos, sino políticos, puesto que “la transición de la dictadura a la democracia se hizo en términos muy favorables a las élites financieras y económicas que controlaban o tenían excesiva influencia sobre los aparatos del Estado. Va a ser difícil mejorar la eficiencia y equidad del sistema económico sin que haya una transformación profunda del Estado español”.
Estos días está en juego la investidura del nuevo presidente del gobierno y puede suponer —puestos a imaginar— la hora de la verdad para un hipotético ejecutivo con participación de Podemos, que habrá de enfrentarse al lastre de la deuda pública, la cual pretende auditar el partido liderado por Pablo Iglesias. Una medida que a Navarro le parece necesario, porque “se habla mucho de la deuda pública sin conocer su composición real. La propia legislación europea estipula que haya una auditoría de la deuda pública. Eso ya se exige, y en cambio no se hace”. ¿Cómo dirigiría Vicenç Navarro ese proceso de auditoría, si fuera el encargado de hacerlo? ¿Puede dar alguna pista sobre lo que consideraría “deuda ilegítima”? “Deuda ilegítima es, por ejemplo, la que se ha creado debido al rescate público de instituciones financieras que no pagan impuestos, debiéndoseles exigir que sean estas empresas rescatadas las que paguen tal rescate, reembolsando los fondos al Estado”. Es decir, todo lo contrario al proceso de rescate bancario español, donde el Estado ya da por perdidos unos 40.000 millones de euros de las ayudas públicas inyectadas al sector financiero en los últimos años (es decir, el 70 % de las cantidades empleadas en tan ruinosa finalidad).
Con respecto al programa económico y social de Podemos, sus medidas van a requerir una eficacia fiscal mucho mayor que la actual, cuya insuficiencia es denunciada por los propios inspectores de Hacienda como fruto de la falta de medios. ¿Cuáles son los grandes agujeros impositivos del actual sistema fiscal español? “Son muchos, comenzando por el propio sistema fiscal que debería gravar las rentas del capital al mismo nivel que las rentas del trabajo [en la actualidad, las segundas están más gravadas que las primeras]. Es más, debería corregirse la enorme regresividad del sistema fiscal, eliminando el fraude por parte de las grandes empresas, de las grandes familias y de la banca, así como los paraísos fiscales, cuyo poder puede limitarse incluso desde el propio Estado. No se puede permitir que empresas que hacen grandes negocios en España coticen en otros países con menor carga fiscal. Eso, un Estado puede prohibirlo fácilmente si hay voluntad política. Si los productos de un país se consumen en este país, la gravación tiene que hacerse en este país. Pues le sorprenderá saber que no es así. Pero el gobierno de España podría hacerlo”. Otro punto: acabar con la austeridad y la contención salarial. Los sueldos han caído en España estrepitosamente, lo cual constituye una amenaza permanente para el consumo (por no hablar de la calidad de vida de los asalariados). De otra parte, la patronal arguye la necesidad de dicha caída —“contención”, la llaman— para evitar tensiones inflacionistas. ¿Cómo puede romperse este círculo vicioso teórico?“Muy fácilmente: aumentando la demanda a base de subir los salarios y el gasto público, incluyendo el social. En la actualidad, incluso el Fondo Monetario Internacional y la OCDE están reconociendo que sus políticas de austeridad fueron un desastre. Hay que revertir esas políticas de austericidio”. ¿Y qué opina acerca de la Renta Básica Universal (RBU) como factor de progreso social? Parece ser que Podemos ha renunciado a ella, por su carácter polémico. ¿Qué opinión le merece esta medida, sobre todo por su discrecionalidad para ricos y pobres?“Ni Juan Torres ni yo estamos a favor de la RBU, puesto que hay medidas más eficaces para reducir la pobreza y disminuir las desigualdades de renta. En realidad, la RBU no es ni de lejos la mejor propuesta. La mejor prueba de lo que decimos es que ningún país la ha adoptado. Solo hoy el gobierno conservador y neoliberal finlandés está explorando su implementación, pero con la intención de que en lugar de proveer servicios públicos del Estado del Bienestar se asigne una cantidad fija al ciudadano para que él compre en el mercado privado. Las propuestas de RBU que se hacen en España no tienen, por suerte, este objetivo. Pero hay otras medidas mucho más eficientes y equitativas para reducir la pobreza y las desigualdades, como han hecho los países del norte de Europa, que tienen menos pobreza y menores desigualdades de renta y de propiedad.”
Fuera del ámbito técnicamente económico, una de la propuestas estelares de Podemos consiste en la creación de mecanismos ciudadanos de control político, incluidos los de tipo revocatorio. ¿Cree que esas medidas podrían atañer también a las decisiones económicas? Y esa aplicación, ¿sería positiva o, por el contrario, solo provocaría una situación de ingobernabilidad? “La respuesta no solo es afirmativa, sino que hay que informar a la ciudadanía de que eso se realiza ya en otros países de Europa, de la Eurozona y de Norteamérica. Hay que tener en cuenta que cualquier empresa, por muy privada que sea, tiene que tener una función social. No puede ser, por ejemplo, que una empresa pueda estar produciendo un producto tóxico. De la misma manera, una empresa no puede disminuir su producción si ha recibido subsidios públicos precisamente para mantener tal producción. Por otra parte, hay que introducir en España la cogestión de las empresas, en la que los distintos componentes de la organización, incluyendo los empleados, tienen que participar en la gobernanza de la entidad. El hecho de que Alemania, por ejemplo, tenga un desempleo muy bajo, se debe en parte a que en lugar de destruir puestos de trabajo se ha repartido el tiempo, y ello como consecuencia del poder de los trabajadores en las empresas. En España, el mundo de las grandes empresas tiene excesivo poder, que incluso interfiere en la eficiencia económica”.
En los tiempos que corren, obligado me parece preguntarle acerca de las posibilidades económicas de una hipotética independencia de Cataluña. En primer lugar, ¿puede deshacerse de un día para otro la densa red de relaciones económicas con España, que generan mutua dependencia? “El tema de la independencia de Catalunya no es un problema económico, sino político. Depende de cómo se hiciera y de qué relación mantuviera con el resto de España y Europa. De nuevo, el Estado español tendría que aceptar su plurinacionalidad, convirtiendo España en un Estado poliédrico y menos radial. A no ser que ello ocurra, es lógico que haya una demanda de escisión de las distintas naciones que componen España. El crecimiento del independentismo en la periferia es una respuesta lógica ante la rigidez y cerrazón del Estado central, que insiste en negar la plurinacionalidad de España.” Segunda cuestión: ¿sobreviviría económicamente Cataluña a una exclusión temporal de la UE? “Dependería de cómo se hiciera. No me convencen ni aquellos que en Catalunya dicen que no pasaría nada, ni tampoco aquellos que en el resto de España dicen que sería un desastre para Catalunya. Dependería mucho de quién controlara la transición en Catalunya, de la Catalunya actual a la Catalunya independiente. Y dependería también, naturalmente, de quién controlara el Estado español en aquel momento. A mi manera de ver, la solución no es tanto la secesión, sino el cambio profundo del Estado español, para convertirse en un Estado plurinacional mucho más democrático que el actual, con derecho a decidir por parte de sus diferentes componentes. A no ser que esto se resuelva, España continuará teniendo enormes tensiones que amagan y ocultan la dramática situación social en que se encuentra el Estado español, incluyendo Cataluña. A las élites gobernantes en España y Catalunya les va muy bien que haya estas tensiones nacionales, porque ocultan el drama social tanto en Catalunya como en el resto de España, del cual tales élites son responsables”. Y tercer punto al respecto de lo anterior: ¿sobreviviría España, bajo el peso de su deuda, a la pérdida de casi el 20 % de su PIB?Quizá la ruina de una Cataluña fuera de la UE reportaría, por propiedad transitiva, la propia ruina de España: “Sería una evolución muy negativa para la economía española si Cataluña se escindiera tanto de España como de la UE. La torpeza del gobierno central es enorme. Por desgracia no hubo una ruptura del Estado español con la dictadura que le precedió, y se continúa con una visión uninacional y radial que es la causa mayor de que la secesión de Catalunya pueda ocurrir. Y con ello crearía un enorme problema a la economía española”.
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